Añaden que acorde con las tendencias del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, del Comité de Derechos de Niño y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, el Código Procesal Penal exige disminuir al mínimo cualquier perturbación que la víctima deba soportar en el marco de la llamada “victimización secundaria”, pero no regula medidas concretas al efecto, que sólo se contienen a nivel de instrucciones internas del Ministerio Público.

Además no existe disposición constitucional ni legal que obligue a CONAF a no proporcionar los datos que solicita la reclamante; como tampoco se advierte la forma en que la develación de los antecedentes solicitados por la reclamante afecte el cumplimiento de las funciones de CONAF.

Observan luego que tal situación podría prestarse para abusos o irregularidades, al no constar siempre que el afiliado haya tomado conocimiento de los cambios y al asociarse el silencio con la aceptación.

“para ser incluido en las listas que al efecto elaboran los Tribunales de Conducta respectivos para postular a los internos al beneficio de la libertad condicional es necesario que, a la fecha de su confección, reúnan los requisitos para ello”, que son…

sólo desplegar información a la comunidad de manera general, “no constituye un acto de consulta a los afectados, pues éstos, en ese escenario, no tienen posibilidades reales de influir en la nueva planificación territorial del lugar donde están localizados, cuya gestación, en la especie, habría tenido en miras la protección de los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad…»

La gestión pendiente invocada incide en sendos recursos de casación en la forma y en el fondo seguidos ante la Corte Suprema, mediante los cuales se pretende anular una sentencia de la Corte de Apelaciones de Talca referida a un reclamo de liquidación tributaria.

En efecto, al no cumplir “con la obligación de protección genera la responsabilidad correspondiente, sin perjuicio de aquella que corresponde al autor del disparo”.

También se fomenta la “Colocalización”, esto es, la instalación de otras antenas o sistemas radiantes, en una misma torre; haciéndola obligatoria en las zonas saturadas. En este punto se ha discutido si se afectaría la garantía constitucional del derecho de propiedad y los derechos adquiridos por las empresas dueñas de las torres ya existentes, los que se verían agredidos por los nuevos agentes del mercado, al adherirse a estas estructuras, por las cuales tuvieron que desembolsar sumas de dinero.

(…)el Senado infringió diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservadas a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, por lo que se solicita se deje sin efecto tal actuación y se restablezca el imperio del derecho en la tramitación del referido proyecto de ley.

La gestión pendiente invocada incide en un juicio criminal seguido ante un Juzgado de Garantía de Santiago, donde se dictó una resolución que sobreseyó definitivamente la causa por el delito de abusos sexuales en contra de menores de 14 años, y que, actualmente, se encuentra en apelación ante la Corte de Apelaciones de Santiago.