Se ha dirigió a la Contraloría General un concejal de la Municipalidad de Providencia, solicitando un pronunciamiento acerca del eventual conflicto de interés que afectaría a la alcaldesa de esa entidad edilicia, en relación con la discusión y votación de la propuesta de modificar la denominación de la Avenida 11 de Septiembre, sometida al conocimiento y resolución del concejo, por cuanto durante el año 2012, aquella habría interpuesto un recurso de ilegalidad en contra de la entonces autoridad comunal, ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por haber desestimado la solicitud de cambio de nombre de la vía de que se trata, situación que infringiría el artículo 70 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 481, 488 y 490, todos del Código de Procedimiento Civil.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso ejecutivo civil, de carácter sumario, en el que se rechazó recurso de apelación interpuesto por el deudor, que es el requirente de inaplicabilidad.

El TC resolvió una contienda de competencia entre un Juzgado de Policía Local de Vallenar y la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Atacama.

En autos sobre juicio ordinario de nulidad de contrato, seguido ante el Segundo Juzgado Civil de Santiago, la parte demandante dedujo recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó en todas sus partes la de primera instancia que rechazaba las acciones deducidas.

Se dedujo acción de protección en contra del Alcalde de la Municipalidad de Negrete, por parte de una ex trabajadora municipal, a fin de que se declarara ilegal y arbitrario el Decreto Alcaldicio Nº 1.175 de 26 de diciembre de 2012, invalidatorio de los Decretos Alcaldicios Nº 1.045, 1.047, 1.070, 1.073, todos de 29 de noviembre de 2012, que prorrogaban nombramientos a contrata para el año 2013, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Tercera Región de Atacama, por parte del Diputado Sr. Lautaro Carmona Soto y la Comunidad Colla de Pai Ote-Cerro Casale de la comuna de Copiapó, a fin de que se declarara ilegal y arbitraria la Resolución Ambiental N° 004 de 3 de enero de 2013, que calificó ambientalmente favorable el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto “Optimización Proyecto Minero Cerro Casale”, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho de propiedad.

Se dedujo acción de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por parte de una empresa, a fin de que se declare ilegal y arbitraria la decisión de dicha repartición pública que no admitió a tramitación la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de una resolución que le cursó una multa, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales y del derecho de propiedad.

Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, la primera parte del inciso segundo del artículo 6° de la Ley N° 20.545, que modificó las normas sobre protección a la maternidad e incorporó el permiso postnatal parental

Se denunció ante la Contraloría General de la República –por parte de un concejal de la comuna de Buin- sobre la supuesta intervención electoral del Secretario Regional Ministerial de Educación de la Región Metropolitana, en un acto desarrollado en un colegio de la mencionada comuna, en el que participó y se dirigió a los presentes un candidato a diputado por el Partido Unión Demócrata Independiente por esa zona. Agrega que a esa actividad no fueron invitadas las autoridades comunales, ni parlamentarios en ejercicio, por lo que a su juicio se habrían transgredido “los principios de probidad, legalidad y prescindencia político-partidista de la Administración”.

En días pasados, la Comisión Investigadora creada con el objeto de analizar el derecho de reunión, aprobó –con 6 votos a favor y 3 en contra- el informe que detalla la forma como se han desarrollado las manifestaciones sociales en los últimos años y la manera en que las fuerzas policiales las han abordado