El principio de proporcionalidad es vulnerado si se considera que el monto de la deuda por concepto de prestaciones laborales que se determinó en favor de la ex trabajadora por el término de su contrato fue de $7.941.180, y que luego se haya liquidado la deuda asociada a la nulidad de despido por $25.032.095, que fueron percibidos por la demandante, sin que ella haya prestado servicio durante ese tiempo.

Es indispensable que sus padres logren efectuar una terapia con orientación psicoeducativa a fin de poder acompañar a su hijo facilitándole de este modo un espacio para expresar sus sentimientos; logrando de manera paralela la identificación de factores de riesgos y de este modo brindar elementos de apoyo y protección.

La norma objetada infringiría la igualdad ante la ley y el debido proceso, toda vez que hace una distinción injustificada al restringir la oposición de excepciones en el juicio ejecutivo laboral que se permiten en un juicio ejecutivo ordinario.

No obstante, los servicios educacionales se han prestado de manera remota para los efectos de darle continuidad al proceso educativo, lo que se encuentra dentro de las facultades que pueden disponer los jefes superiores de los órganos del Estado.

Una vez examinada la prueba practicada en el juicio, no consta que hubiera despachado otras mercancías que no fueran ropa, zapatos y juguetes.

No se configuran los supuestos del principio de confianza legítima.

La resolución responde a la consulta realizada por la Corporación Municipal de Ancud.

El permiso emitido por Comisaría Virtual no puede ser considerado un documento público.

El Código del Trabajo no prevé el medio de impugnación intentado.

La reclamante no acreditó el cumplimiento efectivo del deber de vigilancia.