El fallo concluyó manifestando que Italia vulneró la prohibición de la tortura en su aspecto procesal y el derecho a un proceso equitativo.
El dictamen N° 25.262, de 2 de mayo de 2012, eximió de la obligación de rendir cuenta de tales caudales a los organismos receptores y ejecutores de los mismos.
La recurrente estimó vulnerado el derecho a la integridad psíquica de la persona, la igualdad ante la ley y el respeto y protección de la vida privada y a la honra de la persona y su familia.
El conflicto que presenta el recurso no corresponde a una materia que deba ser dilucidada mediante esta acción cautelar de urgencia.
El texto legal tiene por objeto subsanar un problema práctico que se suscitó a consecuencia de la aplicación de la Ley N° 20.922.
La recurrente estimó vulnerados las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
No se trataba de una prestación de carácter ocasional o esporádica.
Se analizó la iniciativa legal que modifica la ley de urbanismo en materia de instalación y mantención de ascensores.
No se advierte el error de derecho denunciado en los recursos.
El juez requirente estima que el precepto impugnado infringe el derecho de propiedad.
