La instancia dio su respaldo al proyecto originado en mociones refundidas que sanciona la inobservancia de la medida de aislamiento. Además, se ratificó una iniciativa que castiga al empleador que obligue a laborar presencialmente a un trabajador, cuando este se encuentre en cuarentena o en aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad pública.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles al dilatar la respuesta.

El Tribunal de alzada declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la Municipalidad de Padre Las Casas.

El máximo Tribunal invalidó la sentencia en revisión y declaró la absolución de los condenados, tras dar por probada su completa inocencia.

Modificación de cobertura es arbitraria y atenta contra el derecho a la vida de la afiliada.

El ente fiscalizador sostuvo que la PDI no ha aportado nuevos antecedentes de hecho o de derecho que ameriten la reconsideración del dictamen N° 4.558, de 2019.

La Magistratura constitucional sostuvo que no basta para respetar el derecho a un procedimiento racional y justo con acreditar que la cédula se fijó en el inmueble gravado con el impuesto.

El objetivo principal del proyecto ingresado es regular el financiamiento y gasto electoral para los plebiscitos habilitante y ratificatorio para una nueva Constitución.

Para el máximo Tribunal ibérico, no concurrió la especial urgencia que se requeriría para acceder a lo que pidió la CESM.

Máximo Tribunal señaló que se infringió la igualdad ante la ley.