El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento administrativo que sancionó al recurrente careció de imparcialidad al no permitirle formular los descargos por el consumo detectado.
El Tribunal de alzada confirmó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, tras establecer que el alcalde actuó dentro de sus facultades legales al dictar el decreto de demolición.
Las infracciones fueron clasificadas como leves, y se sustentan porque los titulares de fuentes fijas (calderas) no contaban con las mediciones de material particulado (MP), informe que permite acreditar el cumplimiento ambiental de los límites de emisión establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación. Y en uno de los casos, por la comercialización de venta de leña húmeda sobre el 25% regulado.
Debido a la extensión territorial de las obras y la determinación del Tribunal de visitar detalladamente los distintos puntos establecidos en la causa, los ministros decidieron llevar a cabo una segunda jornada de visita inspectiva, la que será notificada en los próximos días.
Al Tribunal Constitucional le compete cerciorarse de que las penas obedezcan a fines constitucionalmente lícitos y de que no se vulneren con ellos los límites precisos que la misma Carta ha impuesto.
No pueden modificar el quantum de la multa impuesta por la autoridad administrativa salvo que se acredite el quebrantamiento del principio de proporcionalidad.
La gestión pendiente incide en autos sobre procedimiento general de reclamaciones, seguido ante el Tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la Región Metropolitana.
El Código del Trabajo rige supletoriamente especto del Estatuto Docente.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el seguido ante el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago.
Excesiva dilación infringe la igualdad ante la ley.
