La administración de los bienes nacionales de uso público corresponde esencialmente a las Municipalidades, por ende, si el ente edilicio no veló por mantener el buen estado de las veredas, se entiende que no actuó, teniendo el deber legal de hacerlo, lo que constituye falta de servicio.

El fallo descartó además que la sentencia impugnada haya omitido los fundamentos que la llevaron a su decisión. Sostuvo al respecto que, la falta de conformidad del recurrente con dichos fundamentos, al acusar falta de mérito, no significa que los mismos no existieran.

No corresponde a la Administración declarar prescrita la acción de petición de herencia, por lo que no puede fundar en ello la negativa a modificar la posesión efectiva que se solicitó 14 años después de su inscripción.

El requirente reclama que la sanción establecida es desproporcionada, afectando su derecho al debido proceso.

Especialmente en lo que atañe a las reformas a las leyes antidiscriminación y a la ley de identidad de género. Asimismo, que considere apoyar la ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.

La libertad de expresión posee preeminencia frente al derecho al honor cuando la persona ofendida es una figura pública, y por lo tanto goza de una protección más intensa.

El máximo Tribunal no advierte una justificación racional para excluir dicha hipótesis de lo previsto en el artículo 498 del Código del Trabajo.

El requirente alega que la restricción recursiva resulta arbitraria, vulnerando su derecho a la igualdad ante la ley y al debido proceso.

Salvo que el afectado consienta en ello, ya que se trata de datos sensibles, según lo dispuesto en las leyes N°19.628 y N°20.584.

El incumplimiento debe ser verificado por la COMPIN o la Isapre respectiva.