En condiciones de ser promulgada como ley de la República quedó el proyecto que elimina del Código del Trabajo la distinción entre empleados y obreros, tras sumar el voto unánime de 90 parlamentarios.
El Tribunal de alzada acogió nulidad deducida contra la sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que había rebajado la multa, tras establecer no correspondía dicha rebaja debido a que solo dio cumplimiento parcial a la solución de las infracciones detectadas.
El Tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer la necesidad de adoptar medidas de cautela constitucional, urgentes y directas in situ, dado el recrudecimiento de las acciones delictuales de grupos organizados en el sector.
Los recurrentes sostuvieron en su denuncia que el proceso para la obtención del permiso de edificación respectivo adolece de diversos vicios.
La gestión pendiente incide en autos sobre reclamo contra sanciones disciplinarias, seguidos ante el Tribunal Tributario y Aduanero de Valparaíso.
Corresponde ahora que la iniciativa en primer trámite constitucional sea analizada por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
La requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían el derecho de acceso a la justicia.
La recurrente estimó que se habría vulnerado la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria en materia económica por parte del Estado y sus organismos.
Se acordó conferir traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Parlamento y a la Generalitat de Cataluña.
La gestión pendiente incide en un recurso de reclamación, seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
