En la especie, el documento fue protestado por “enmendado”, causal ajena a aquellas reconocidas por el artículo 22 de la Ley de Cheuques, por lo que la gestión preparatoria iniciada por el actor era improcedente.
La reparación integral es un derecho de rango constitucional, que tiene como finalidad resarcir los daños ocasionados a víctimas de infracciones penales, así como también de violaciones a los derechos humanos y constitucionales. La reparación integral hace referencia a los daños materiales o pecuniarios generados en perjuicio del patrimonio de la víctima, y a los daños de carácter inmaterial.
El rol del Consejo para la Transparencia ha sido esencial pues a través de sus decisiones se ha obligado a las corporaciones municipales a cumplir la normativa vigente con dictámenes ratificados por los tribunales superiores de justicia.
Tratan de la pena de muerte, personas en situación de migración o refugio, personas en situación de desplazamiento, desaparición forzada y libertad personal.
El mínimum de la pena es una expresión jurídica que significa el mínimo de la pena. Por ejemplo, si la pena asignada a un delito es presidio menor en su grado máximo (3 años y un día a 5 años de presidio) se excluirá la mitad de la pena más beneficiosa al condenado, es decir, la pena quedaría en 3 años y un día a 5 años.
Al existir meras sospechas de inimputabilidad y peligrosidad, no existe tampoco la posibilidad de aplicar una medida cautelar personal general.
Se está ante un sistema de valoración de prueba regido por las reglas de la sana crítica, en el que existe libertad de prueba a fin de que el juzgador adquiera su convicción; por contrapartida a lo que acontece en el sistema de prueba legal o tasada.
El prejuicio no consiste únicamente en el intolerable retraso con que se ha reconocido el derecho del perjudicado, sino la comprensible angustia, inseguridad, desconfianza y desánimo por el transcurso del tiempo y en las legítimas expectativas que no se concretaban.
Además, establece que será una circunstancia agravante el que, valiéndose de una bicicleta, scooter, motocicleta, motoneta o bicimoto cometa un delito contra la persona, indemnidad sexual o propiedad de otro.
La denuncia pública de actos que podrían constituir violencia contra la mujer, se encuentra entre los discursos especialmente protegidos por la legislación nacional e internacional. En los últimos años se han acrecentado estas prácticas en materia de género, mostrándose como mecanismos prácticos y eficaces para visibilizar situaciones o hechos de violencia física, psicológica o institucional que pudieron haber sufrido mujeres.
