La Segunda Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar, tras establecer que la omisión de la entidad pública constituye un acto arbitrario y discriminatorio.
En el derecho chileno, el principio «Principiis obsta» puede observarse en diversas áreas del derecho, aunque no se menciona explícitamente en la legislación. Por ejemplo, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, se reconoce la importancia de los principios que rigen la potestad sancionadora de la Administración, donde se distingue entre principios sustantivos y procedimentales para resolver la falta de una legislación común sobre la materia en Chile
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, desde que, si no se rinde fianza de resultas a satisfacción del tribunal, no podrá cuestionar en el recurso de unificación de jurisprudencia que se vieron conculcados los principios de la lógica ni las máximas de la experiencia ni el principio lógico de la razón suficiente
No puede suponerse que la necesidad de requerir un informe previo a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez en orden a determinar si la salud de un funcionario o funcionaria públicos es recuperable, introducida por la ley 21.050, sea un mero antecedente ilustrativo.
La decisión que se cuestiona por esta vía, se encuentra debidamente motivada en aspectos de hecho y derecho, por lo que aquello que la defensa alega como amenaza a la libertad personal y seguridad individual, es una diferencia de opinión respecto a la ponderación de los antecedentes facticos y jurídicos.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a defensa, desde que a pesar de que el pagaré que originó el proceso de liquidación concursal fue objeto de un juicio sumario de jactancia y de un juicio ordinario de lato conocimiento por la nulidad del pagaré, el precepto impugnado le impide interponer la excepción de litispendencia, en cuanto no es el acreedor del pagaré.
La mujer debió rebatir de manera clara y precisa el argumento principal de la sentencia, referido a que el resultado de la prueba genética de ADN llevado a cabo con ambas muestras contundentemente concluye que se trata de la misma persona, robusteciendo ello la probanza científica en la que se fundara el fallo impugnado que indicaba la inexistencia de vínculo biológico entre la actora y el causante.
No resulta acreditada por el actor la relación causal entre el robo y el puntual hecho que le atribuye a la entidad bancaria -incumplimiento al deber de seguridad en su perjuicio-, al no haber siquiera probado la afirmada presencia del tercero “informante” o “marcador” dentro de las dependencias del banco accionado en la oportunidad que relata.
Se pretende, a través, del recurso efectuar una nueva ponderación de los hechos, ello en atención a que la antijuricidad material en la que descansan sus alegaciones, no son sino una discrepancia con la valoración que de los medios de prueba efectuó el tribunal a quo, cuestionamiento que resulta intangible para el tribunal ad quem.
El máximo Tribunal estimó que el recurrente -una víctima de tortura durante la dictadura cívico militar-, pretende desconocer los hechos asentados en la causa, debido a una disconformidad con el monto indemnizatorio decretado a su favor en el fallo de primer grado. Asimismo, la Corte Suprema indicó que el demandante no preparó adecuadamente el recurso de nulidad formal.
