El recurrente estimó infringidos el derecho a la vida y la integridad física y psíquica de la persona, y la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
La decisión fue acordada con la disidencia del Ministro Rosenkrantz, quien sostuvo que corresponde descalificar el pronunciamiento recurrido en tanto omitió considerar las expresas disposiciones de la ley 22.802.
La gestión pendiente incide en autos sobre juicio de arrendamiento, seguidos ante el Cuarto Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago.
Los diferentes tipos y las distintas modalidades de violencia se han visibilizado socialmente y las leyes se han ido adaptado a los tiempos que corren.
El sistema para solicitar audiencias y reuniones de trabajo para estas sesiones está abierto hasta el 8 de diciembre de 2018.
La requirente estima que los preceptos impugnados infringen la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La decisión fue adoptada con el voto en contra del Ministro Prado, quien estuvo por acoger el recurso y confirmar la sentencia apelada.
La requirente estima que el precepto impugnado infringiría el debido proceso.
El ente contralor descartó, por otra parte, referirse a la legalidad de la remoción del ex director del INDH.
El proyecto pretende fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales en materia de expulsión y cancelación de matrícula en los casos de violencia que indica.
