El voto disidente señala que el control de la constitucionalidad de preceptos legales en sede de inaplicabilidad es de naturaleza concreta, no basta para desestimar un requerimiento la mera posibilidad que el Juez del Fondo pueda darle una aplicación ajustada a la Carta Fundamental.

El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que acogió la demanda.

El Tribunal rechazó la acción al considerar que la empresa cuprífera no logró probar los perjuicios causados por el denominado «Informe 900» del órgano contralor.

Las consideraciones y fundamentos de cada posición serán conocidas una vez que sea evacuada la debida sentencia.

La periodicidad con que se entrega el medicamento es una decisión del Hospital donde el recurrido se atiende.

Los reclamantes señalan que, además, aquella disposición que establece el aforo máximo en los locales de votación, es contradictoria en sí misma y genera incertidumbre en cuanto a si excluye de éste a los apoderados.

La gestión pendiente incide en denuncia por práctica antisindical, seguido ante el Juzgado de Letras de Diego de Almagro.

No se encuentra acreditado que los hechos invocados en el recurso constituyan un acto arbitrario o ilegal por parte de la Contraloría General de la República.

Se pospuso la adopción del acuerdo, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 20 de la LOCTC, en relación con el artículo 82 del Código Orgánico de Tribunales.

El ente contralor adujo que, en la especie, la Dirección del Trabajo descontó erróneamente de las remuneraciones del solicitante cotizaciones por un lapso superior a cinco años, siendo posible presumir, además, que en tal situación hubo buena fe y justa causa de error por parte del afectado.