El TC no admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba los artículos 464, N° 1, y 472, ambos del Código del Trabajo, comprendidos en el párrafo 4° del Código del Trabajo, sobre cumplimiento de la sentencia y ejecución de los títulos ejecutivos en materia laboralLa gestión pendiente invocada es un proceso sobre cumplimiento […]

“la decisión impugnada no se aviene con la forma correcta de interpretar la ley en consonancia con el interés social en la investigación y represión de los delitos que dicen relación con el comercio internacional de ciertos especímenes animales».

“que según lo ha sostenido reiteradamente esta Corte, existe falta de servicio cuando éste ha funcionado deficientemente, no ha funcionado debiendo hacerlo o lo ha hecho en forma tardía. La falta de servicio se genera cada vez que la acción u omisión de la Administración causa daño, debiendo existir una relación de causalidad entre esta acción u omisión y el daño producido»

“que por consiguiente, los jueces del fondo incurren en error de derecho al confirmar el fallo de primera instancia, puesto que no hay normativa que consagre la pretendida obligación indemnizatoria por infracción a los artículos 19 N° 20 y N° 24 de la Constitución Política y por tal razón la mención de los preceptos constitucionales en la decisión que acoge la demanda es injustificada».

“el número de actas entregadas correspondía al total de las que disponía el órgano reclamado”, y por tanto, no existe disposición legal que obligue a la SEREMI poseer actas de fiscalización de las unidades de farmacia, con las especificaciones indicadas por el requirente.

“la doctrina comparada es uniforme en el sentido de entender que: “una diferenciación es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es decir, si no persigue un fin legítimo o si carece de una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido”

“queda de manifiesto que la entidad edilicia demandada actuó dentro del ámbito de su competencia al transferir la administración del Liceo Mercedes Marín del Solar mediante concesión a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, careciendo por tanto de validez el error de derecho denunciado”.

“apreciando los antecedentes antes reseñados conforme a las reglas de la sana critica, es posible concluir que la Minera denunciada no sólo no ha incurrido en un acto arbitrario o ilegal, sino que además le resulta inaplicable la acción entablada en su contra por no ser ya propietario del terreno a que se refiere el presente recurso, motivo por el cual el deducido en su contra deberá ser rechazado”.

“resulta imperativo para los establecimientos educacionales de enseñanza básica contar con un Reglamento de Evaluación, el que debe a su vez contener disposiciones de evaluación diferenciada, cuya aplicación debe quedar sujeta a un procedimiento preestablecido”

“aún cuando se estimara que dicho acto constituye el fundamento de la acción de protección intentada en autos, el conocimiento cierto del mismo se tuvo, a más tardar, el mismo día 19 de noviembre de 2011, circunstancia que lleva a concluir que, entre dicha fecha y la de interposición del recurso de protección, el día 22 de mayo de 2012, ha transcurrido en exceso el plazo para la interposición del mismo; motivo por el cual, si existiese un acto arbitrario o ilegal imputable a la recurrida, el recurso debiese ser rechazado por extemporáneo”.