CS revocó sentencia y acoge protección deducida por alumna que fue desvinculada por Universidad al constatar que no cumplió con los requisitos de admisión a la carrera.
La decisión fue adoptada con la prevención de la Ministra Sandoval.
La decisión fue adoptada con la prevención de la Ministra Sandoval.
El máximo Tribunal declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó el de fondo deducidos en contra la sentencia que confirmó la sanción por 777,0215 UTM aplicada a la empresa por infracción a la ley general de pesca y acuicultura.
El Tribunal de alzada ratificó la sentencia impugnada, que condenó a las recurridas por infringir la ley sobre protección de derechos de los consumidores al pago de una multa de 40 UTM, una indemnización total de $12.405.381.
El Tribunal acogió la demanda deducida y ordenó al Fisco pagar a los demandantes la suma de $7.142.428, por concepto de daño emergente, y $100.000.000 por daño moral, a cada uno de los padres de la víctima.
El máximo Tribunal acogió la demanda presentada en contra de Cencosud, tras establecer la responsabilidad del supermercado por faltar a su deber de vigilancia del dependiente agresor, pese a que realizaba funciones de guardia de seguridad bajo régimen de subcontratación y no directamente.
El Tribunal de alzada condenó a la entidad bancaria a pagar las prestaciones adeudadas a la trabajadora y reintegrar al fondo de cesantía los montos descontados.
El mundo en que vivimos sufre un proceso creciente de saturación tecnológica que lo transforma en todas dimensiones, respetando solamente las leyes naturales que lo rigen.
El Tribunal acogió parcialmente el reclamo interpuesto por la fundación educacional en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago Centro que le impuso cinco multas a beneficio fiscal, por no llevar registro de asistencia y horas trabajadas, entre otras faltas.
Los legisladores piden al Presidente de la República el otorgamiento de una pensión de gracia a los voluntarios de los cuerpos de bomberos que hayan cumplido más de 50 años de servicio.
Los legisladores solicitan al Presidente de la República la implementación de un programa de capacitación para personas en situación de discapacidad visual severa a moderada y que se encuentren en edad laboral.