General Director de Carabineros debe dictar el decreto de encasillamiento para homologar las remuneraciones y beneficios de los demandantes con los del personal uniformado que se encuentran en grado equivalente.
CPLT no incurre en ilegalidad al ordenar la entrega de información emitida por un órgano público relativa a fiscalizaciones hechas a una entidad financiera si además se instruye tarjar los datos personales e información comercial estratégica.
Sentencia de alzada revocó la decisión de base omitiendo pronunciamientos respecto de un incidente y una prueba pericial favorable para el demandado, error de forma que fue enmendado por el máximo Tribunal.
La ley faculta indicar la fecha de emisión del documento al portador con posterioridad a la suscripción del mismo, por lo que en la especie no transcurrió el plazo de prescripción de la acción cambiaria invocado por el ejecutado.
El principio de relatividad establece que los contratos solo producen efecto entre sus contratantes, y, por ello, la subrogación solo opera si las partes y la persona propuesta la aceptan expresa o tácitamente.
En el procedimiento referido al proyecto se formularon 4 cargos: 3 leves y 1 grave, por lo que la empresa arriesga una multa de hasta 8.000 UTA.
La evaluación ambiental del proyecto no habría descartado adecuadamente los impactos relacionados a emisiones atmosféricas, calidad de las aguas subterráneas y el aumento significativo de los tiempos de desplazamiento.
La circunstancia de formalizarse investigación por hechos que configuran ilícitos de la Ley 12.927 y, además, de delitos contemplados en el Código Penal, lo ha sido en el marco de facultades que la ley entrega al Ministerio Público y que no lesiona el precepto aludido por la recurrente de amparo
Análisis realizado por los destacados académicos nacionales Rosa Fernanda Gómez González, Camilo Mirosevic Verdugo, Kay Bergamini, José Ignacio Medina y Vanessa Rugiero.
El máximo Tribunal desestimó el recurso impetrado en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual no emite pronunciamiento sustancial relacionado con la materia de derecho que el recurrente pretende unificar.
