El autor estima que derribar una aeronave civil es una pena de muerte inconstitucional, que no contempla un debido proceso previo.
El requirente estima vulnerada la garantía constitucional al debido proceso y a la igualdad ante la ley.
La decisión fue acordada con el voto en contra de los Ministros Muñoz y Silva, quienes fueron de opinión de rechazar el recurso.
La Magistratura Constitucional colombiana declaró fundada la objeción por inconstitucionalidad, al haberse ocasionado una clara violación del derecho fundamental a la consulta previa.
La gestión pendiente incide en autos penales, seguidos ante el Segundo Juzgado Militar de Santiago, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
El recurrente estimó vulnerada sus garantías fundamentales previstas en los N°s 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.
Todas las Recomendaciones formuladas en el Informe, y ello lo sabe la Sra. Bachelet, solo podrían ejecutarse e implementarse por un gobierno democrático.
El Tribunal de alzada confirmó la resolución impugnada, dictada el pasado 30 de junio por el Juzgado de Garantía de Collipulli, tras compartir que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la víctima y de la sociedad.
El máximo Tribunal acogió el arbitrio deducido por el demandante en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y confirmó la resolución de primera instancia que condenó al operador de la nave «Antonella».
El Tribunal de alzada dejó sin efecto las órdenes tras constatar que la Municipalidad de Copiapó adoptó las medidas pertinentes para permitir que las escuelas El Palomar, Las Brisas y Jesús Fernández y al Liceo El Palomar retomen su funcionamiento normal.
