Un servicio público no puede adoptar una medida que eventualmente podría afectar derechos de un funcionario sin que previamente se le permita formular sus observaciones, especialmente si así lo ordenó Contraloría.
El requirente alega que tal restricción afecta su autonomía como cuerpo intermedio y, además, sus garantías constitucionales.
Al tener que soportar de manera ilegítima a cargas, incomodidades y costos que el resto de la ciudadanía no debe soportar se vulnera su derecho de igualdad a la ley.
El requirente alega que el precepto legal no contiene criterios mínimos para la determinación de la multa a aplicar, lo que vulnera los principios de legalidad y proporcionalidad.
Lo anterior, de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.
El hecho de no prorrogar el contrato a las recurrentes no puede estimarse contrario a la ley, toda vez que, en ellos se consignó una fecha de término, sin cláusulas de prórroga automática, por lo que conforme a lo dispuesto en los artículos 1545 y 1560 del Código Civil estos habrían concluido.
El requirente estima que la restricción recursiva carece de fundamento y lo deja en indefensión en un procedimiento en el cual no fue debidamente emplazado.
La resolución indica que, independiente de los días otorgados y del sistema de salud al que esté afiliada la persona, se pueda pagar la totalidad del permiso.
Enero fue un mes clave en la tramitación de esta iniciativa que busca mejorar la ley vigente. ¿Cómo? Mejorando el acceso a los medicamentos considerando su precio y calidad.
La magistrada responsabilizó, en esta etapa procesal, al general en retiro por el mal uso de fondos asignados a la institución por un monto total $ 6.374.996.162, actualizados a la fecha y que corresponden al periodo entre marzo de 2006 y marzo de 2010.
