Se dedujo un recurso de apelación en contra de la sentencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago que denegó la solicitud de sobreseimiento definitivo pedida por cuatro imputados por cuasidelitos de homicidios y lesiones, sancionados en los artículos 490 y 492 del Código Penal, producto de hechos acaecidos con ocasión del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. Fundaron el arbitrio en las causales de las letras a) y b) del artículo 250 del Código Procesal Penal, esto es, por faltar ciertos elementos configurativos del tipo penal, particularmente la imprudencia en el actuar de los imputados y la infracción de reglamentos que establecieran obligaciones de actuar de éstos.

Se dirigió a la Contraloría General un funcionario de la Dirección General de Movilización Nacional, para solicitar un pronunciamiento que determine si procede ser destinado, sin su consentimiento, acorde a la normativa vigente.

Se presentó al Contralor General de la República un reclamo en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, por cuanto dicha repartición pública, mediante oficio N° 157, de 2013, resolvió no dar curso a una denuncia formulada en razón de que se estarían desarrollando actividades contaminantes en los espacios comunes del edificio que habita la recurrente, sin que se hayan obtenido las autorizaciones necesarias para ello.

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 389 F del Código Orgánico de Tribunales, en el marco de antecedentes administrativos sobre remoción funcionaria de que conoce la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

En el marco del debate sobre la iniciativa, iniciada por mensaje el 4 de octubre de 2011, que fortalece el resguardo del orden público, diversos parlamentarios hicieron un llamado para aprobar el proyecto. Así, el diputado Alberto Cardemil indicó que “aquí se han escuchado todo tipo de argumentos que, en definitiva, lo único que tratan es tender una capa de impunidad a quienes aprovechando las manifestaciones públicas están sembrando la destrucción el daño, el conflicto y la violencia

Por oficio reservado N° 277 de 21 de Enero de 2013, el Sr. Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, don Hernán Salinas Burgos remitió a la Corte Suprema una nota de la Embajada de España por la que solicita la detención preventiva de varias personas procesadas que se encuentran actualmente procesadas por el Juzgado Central de Instrucción N°5 de la Audiencia Nacional de España, como presuntos autores de un delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal cometido en contra del ciudadano español y funcionario diplomático, don Carmelo Soria Espinoza.

“Constitucionalización indígena: Variaciones Jurídicas y Metajurídicas”, es uno de los recientes trabajos del abogado y candidato a Magíster, Manuel José Navarrete Jara, que cuenta con un prólogo del destacado académico y abogado integrante de la Excma. Corte Suprema, Emilio Pfeffer Urquiaga.

Se dedujo recurso de casación en el fondo por la demandante, respecto de una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, revocando el fallo de primera instancia, acogió el incidente de abandono de procedimiento deducido por el demandado, en un juicio ordinario de indemnización de perjuicios

Se solicitó al Contralor General de la República dar curso a una resolución emanada de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que decreta un sobreseimiento de un sumario administrativo, destinado a investigar las observaciones que el ente de control efectuó en su oportunidad

La Carta Fundamental precisa que el TRICEL está conformado por 5 miembros, cuatro de ellos Ministros de la Corte Suprema y un quinto integrante, a quien se le exige ser ciudadano que hubiere ejercido el cargo de Presidente o vicepresidente de la Cámara de Diputados o del Senado por un período no inferior a un año, todos designados mediante sorteo por la Corte Suprema, en la forma y oportunidad que determine LOC respectiva.