Un grupo de vecinos, interpuso una acción constitucional en contra de un individuo que se habría apropiado de una franja de terreno que pertenece al camino de acceso a sus terrenos. La Corte de Apelaciones de Santiago, acogió la acción de protección, al concluir que el recurrido con su actuar arbitrario alteró la situación de hecho que por lo demás es respetada y tolerada por todos los vecinos.

“Habida cuenta que se trata de un sumario administrativo en el que se ha fallado conforme a derecho y que la resolución dictada no afectan ninguno de los derechos invocados por la recurrente y teniendo presente que el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, al establecer el Recurso de Protección, distingue -aunque equiparando sus efectos- la arbitrariedad de la ilegalidad, debe estimarse que no hay tampoco arbitrariedad»

«las PYMES generan casi el 80% del empleo en nuestro país, siendo el motor más importante de la economía y representando el sustento de miles de familias chilenas, por tanto, en caso de contraer deudas, se genera un aumento desmedido producto de multas e intereses generando un círculo vicioso».

“Se ha verificado por la autoridad técnica discordancias entre las obras ejecutadas y aquellas previamente autorizadas, lo que constituye una infracción a la normativa urbanística pertinente, justificándose la dictación del acto que por esta vía se pretende impugnar. Por estas consideraciones, esta alegación deberá también ser desechada.”.

«no puede estimarse que el proyecto consagre un “privilegio”, violatorio del inciso primero del artículo 19, N° 2°, de la Constitución, por la circunstancia de que los armadores actualmente autorizados puedan acceder a las licencias transables de pesca clase A, con una cuota individual de captura que se determina por un criterio de participación histórica, u opten por mantener su situación preexistente, configurada por las leyes N°s 18.892 y 19.713».

«ambos requerimientos se oponen al proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, N° 18.892, es de carácter formal y se hace consistir en haberse omitido, durante su tramitación legislativa, el cumplimiento de normas, tanto autoejecutables como programáticas, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por estimar los requirentes que dichas disposiciones tienen rango constitucional, cuestiones, ambas, rebatidas por el Presidente de la República».

«estando pendiente la notificación de una afectada, la Gobernación estaba impedida de ejecutar la restitución administrativa ni menos de entregar la resolución para que fuera cumplida por la empresa constructora».

la resolución no reviste la naturaleza de un acto terminal, sino que de uno de mero trámite, «en tal sentido eminentemente precario y desde esa perspectiva difícilmente puede lesionar o amenazar el ejercicio de un derecho».

la resolución de la recurrida fue dictada «por la autoridad competente y dentro de las facultades que le confiere la ley».

«el artículo 148 de la ley N° 18.883, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, que confiere al alcalde la facultad de considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, el haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, sin mediar una declaración de salud irrecuperable, siendo improcedente considerar para tal cómputo, las licencias por accidentes del trabajo y de origen laboral».