Las afirmaciones de la recurrente sobre violaciones constitucionales en relación a los informes policiales son fórmulas. Ello no es suficiente para elevar el derecho a la reparación por encima del nivel especulativo en el supuesto de que todas las alegaciones en la demanda son verdaderas.

Entre el 5 de febrero y el 17 de diciembre de este año, los países en los que se llevarán a cabo elecciones son: Ecuador, Paraguay, Chile, México, Guatemala, Argentina y Colombia.

Si bien Gloria compite en ciertos productos lácteos en Chile, actualmente sus actividades se traslapan con Soprole únicamente en la venta de leche condensada, manjar o dulce de leche, la comercialización de leche en polvo, ciertos tipos de quesos y leches saborizadas. Respecto de dichos productos la FNE realizó un análisis estructural y en la mayoría de los casos no se aprecia un incremento relevante de la concentración de mercado.

Esta nueva extensión se ratificó a través de la aprobación del decreto 362. Aplica para la totalidad de la Región de La Araucanía y para las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

Recientemente en España se reconoció la personalidad jurídica de la laguna del Mar Menor, ¿cómo se relaciona este caso con casos similares de la región latinoamericana?

El requirente alega que se permite vender en subasta pública acciones de su propiedad a un precio muy bajo sin que pueda oponerse, afectando sus garantías constitucionales.

Los antecedentes aportados por el recurrente sí han sido considerados y utilizados de forma adecuada en la investigación, informa la PDI.

Al tratarse de una medida cautelar, ésta resulta esencialmente provisoria, por lo cual podrá cesar siempre que desaparezca el peligro que se ha procurado evitar.

El Tribunal rebajó el monto de la multa en consideración a los efectos negativos que provocó la pandemia del Covid-19 en el suministro de productos a nivel mundial, lo que es un hecho público y notorio.

La veracidad no supone la exigencia de una rigurosa y total exactitud en el contenido de la información, de modo que puedan quedar exentas de toda protección o garantía constitucional las informaciones erróneas o no probadas.