El máximo Tribunal descartó infracción de ley en la sentencia recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado, que ordenó la exclusión del crédito con aval del Estado (CAE).
Debido a los problemas de atención y omisiones en el tratamiento la paciente sufre de una infección crónica y se declaró su invalidez.
A pesar de que el Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para frenarla, la reforma continúa su tramitación en el Congreso. Tras analizar las 20 indicaciones que le presentaron a la reforma constitucional, la iniciativa quedó en condiciones de ser votada por la Sala a partir de las 9:30 horas de este jueves 22 de abril.
Con los fondos recaudados se pretende apoyar a quienes han sufrido las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, a través de una renta básica de emergencia.
Se vulnera la iniciativa exclusiva legislativa presidencial al incorporar una nueva regla de iniciativa parlamentaria en materia de seguridad social, como también una nueva regla que invade la iniciativa exclusiva presidencial en materia de administración financiera y presupuestaria.
El Tribunal de alzada consideró que carece de fundamento el recurso enderezado en contra de la valoración de la prueba que realizó en la especie, el tribunal de primera instancia.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma interpuesto en contra de la sentencia, dictada por el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago, que confirmó la resolución sancionatoria cursada por la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, en junio de 2018.
A través de un proyecto de acuerdo transversal, el Senado instó al Ejecutivo a tomar las medidas pertinentes para fomentar el Plan de Protección a la Infancia en Tiempos de COVID, dando prioridad en las políticas públicas a los niños, niñas y adolescentes.
Cabe recordar que la iniciativa en segundo trámite, ya fue aprobada en general y el Ejecutivo anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.
Egipto triplicó la cifra de ejecuciones anuales. China utilizó la pena de muerte para castigar delitos relacionados con las medidas de prevención de la COVID-19. El anterior gobierno estadounidense ejecutó a la asombrosa cifra de 10 personas en menos de seis meses en 2020. Por tercer año consecutivo, se registraron las cifras más bajas de ejecuciones en un decenio.
