El acusado fue sorprendido por Carabineros en posesión de una camioneta robada, y al ingresar a su domicilio, el personal policial encontró diversas especies de la víctima, así como marihuana lista para su comercialización.
Procede que se pague la totalidad del galardón aun en los casos de funcionarios que no se hayan desempeñado durante todo el año correspondiente, en la medida que cumplan los demás requisitos legales.
El máximo Tribunal estimó que, según el artículo 370 del Código Procesal Penal, la resolución que ordenó trasladar de recinto penitenciario al amparado es apelable, al constituirse como un proceso diferente, a pesar de ser solicitada ante el tribunal de ejecución de la condena.
El demandante de precario es el cónyuge de la demandada y esta es la hija del anterior dueño del inmueble, situación que fue considerada por la Corte Suprema como un antecedente jurídico conocido por el actor al momento de solicitar la restitución de la propiedad, al ser evidente que la ocupación acusada le era conocida y autorizada por su parte en favor de la demandada.
Se trata de los ministros que deben ser propuestos por el Congreso, dos de ellos nominados por el Senado y otros dos por la Cámara de Diputados.
La norma, permitirá la administración de los bienes sociales en forma conjunta o indistintamente y establece conceptualmente un solo tipo de matrimonio. La Sala acordó como plazo de indicaciones, el martes 16 del presente.
El tribunal dio por acreditado que alrededor de las 20:30 horas del 1 de febrero de 2022, la víctima, Leslie Scarlete Vergara Pavez se dirigió al domicilio ubicado en la comuna de Las Condes, con el objeto de realizar una intervención para el aumento de sus glúteos por medio de inyecciones de colágeno. La silicona le genera la muerte, siendo la causa del fallecimiento un infarto pulmonar, embolia pulmonar por cuerpo extraño.
La magistrada acogió las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, sin oposición ni de querellantes ni defensas, por considerarlas proporcionales y adecuados para asegurar los fines del procedimiento. Además, mantuvo el plazo de investigación de 270 días, fijado en la audiencia de formalización de los primeros imputados, realizada el 30 de noviembre pasado.
Alega que las normas legales objetadas infringen la igualdad ante la ley, el debido proceso y los principios de irretroactividad de la ley penal y de legalidad, como así también el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, desde que con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley N°21.121, se aumentó ostensiblemente el marco punitivo de los delitos.
El contenido de las publicaciones en cuestión tiene la aptitud para vulnerar el derecho a la honra del actor, en particular su reputación social, toda vez que las expresiones drogadicto y maltratador de mujeres, evidentemente, revisten dicho carácter.
