El Tribunal aprobó la suspensión condicional del procedimiento propuesta por el Ministerio Público, de Mauro Patricio Robles Torres.
El Tribunal de alzada rechazó la acción cautelar, tras establecer su improcedencia.
Se aborda la situación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en Colombia, con particular énfasis en el periodo comprendido a partir de las negociaciones y posterior firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas FARC-EP hasta la actualidad.
La instancia deberá revisar la norma, particularmente el informe financiero correspondiente. En la Comisión de Educación se rechazaron dos indicaciones del Ejecutivo tendientes a certificar el haber cumplido esta formación al momento de entrar a primero básico.
El Tribunal estableció que las demandadas vulneraron la norma legal al acordar el precio de 206 medicamentos, como lo estableció el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
El máximo Tribunal descartó falta o abuso grave en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
«La propia Corte debe regular el procedimiento aplicable mediante un auto acordado, y la sentencia que se dicte no admitirá acción ni recurso alguno», plantea informe del pleno.
Máximo Tribunal señaló que el órgano administrativo no observó el cumplimiento de las formalidades requeridas para iniciar el procedimiento requerido por los recurrentes.
Máximo Tribunal estimó que el tiempo en el cual permaneció en la administración pública generó en ella la confianza legítima de permanecer en su cargo.
La Corte Suprema señaló que, al no encontrarse acreditada la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo imperio la Corte ha de proteger por esta vía cautelar de urgencia, la presente acción ha de ser rechazada.
