El no pago de las cotizaciones previsionales se originó en el ámbito que la mandante debe controlar y en el que la ley le asignó responsabilidad.
La acción cautelar de urgencia no constituye una instancia de declaración de derechos.
Si bien el sistema procesal penal adoptó el criterio de la libre convicción, las conclusiones a que lleguen los jueces deben ser fruto razonado de las pruebas en que se las apoye.
El requirente sostiene que la inclusión que hace el legislador de los trabajadores de FAMAE al Estatuto de Personal de las Fuerzas Armadas resulta arbitrario, toda vez que los mismos se rigen siempre y durante toda su relación laboral por el Código del Trabajo.
La acción de protección tiene un propósito de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones o reconocimiento de derechos.
La Ley Orgánica de Municipalidades se remite a la regulación específica de compras públicas, la cual exime de la emisión de un acto administrativo para llevar a cabo esta modalidad especial de trato directo.
La implementación del sistema debe ajustarse a las exigencias establecidas en el Dictamen N°3362/53 de 2014.
El requirente alega que quebranta el derecho de tutela judicial efectiva.
A contar del término de la prórroga de la suplencia, la recurrente debía volver a ejercer las funciones de la plaza de la que es titular, gozando de las remuneraciones de este último cargo.
La iniciativa legal modifica diversos cuerpos legales permitiendo la comparecencia remota por videoconferencia, notificaciones por correo electrónico y uso de firma electrónica.
