El máximo Tribunal descartó que la información sea reservada luego de la reforma al Estado Mayor Conjunto del año 2010.
La sentencia plantea que «la confusa, vaga, imprecisa y ambigua exposición de hechos que se contienen en los recursos impetrados impiden efectuar el debido contraste que supone esta acción cautelar».
Las atribuciones de este nuevo organismo en materia bancaria, financiera y de seguros, fueron los argumentos detrás de la moción presentada por congresistas de la citada instancia parlamentaria.
Se solicita al Ejecutivo tomar las medidas para obligar a los comerciantes y casas de comercio a otorgar una boleta y, en general, documentos contables que sean legibles por un período de al menos dos años.
La iniciativa, que mantiene la inscripción automática, fue aprobada en su articulado por la Comisión de Gobierno Interior.
Diversas reacciones y propuestas de organizaciones del mundo civil, se conocieron en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, en el marco de los planteamientos de la Comisión Técnica para iniciar el Proceso Constituyente y así permitir la creación de la nueva Carta Fundamental.
El amparado consideró vulnerado su derecho a la libertad individual.
La Corte de Santiago señaló en su oportunidad que el egreso del Programa de Integración Escolar de las niñas a cuyo favor se recurrió de protección, constituyó una decisión adoptada por la recurrida dentro de sus facultades.
El ente contralor concluyó que, por consiguiente, el Hospital Militar del Ejército ha dado cumplimiento a lo indicado en el oficio N° 31.016, de 2018, de esta procedencia.
La gestión pendiente incide en reclamo de ilegalidad, seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por recursos de casación en la forma y en fondo.
