Si un funcionario grava sustancialmente un ejercicio religioso sin presentar evidencia de que la aplicación de la carga está al servicio de algún interés convincente, este ha violado la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa. Los recurrentes no tienen derecho a la inmunidad calificada porque de los hechos, en conjunto con el texto de la ley, se revela que la prohibición fue injustificada.

El máximo Tribunal descartó que exista dispersión jurisprudencial que requiera pronunciamiento unificador.

Decisión acordada con con el voto en contra de la magistrada Rivera Álvarez, “solo en cuanto estimó que con el mérito de las probanzas rendidas por el ente persecutor en relación a los hechos signados como N°1, son constitutivos del delito de abuso sexual calificado”.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que conformó la de primer grado que acogió, con costas, la acción.

El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de la autoridad recurrida.

La iniciativa, respaldada en primer trámite y ahora enviada al Senado, también busca garantizar este derecho a las personas con discapacidad.

La instancia recibió a la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien señaló que había temas que debían ser abordados por la cartera de Interior (ausente por un compromiso regional). Por otro lado, explicó que los antecedentes solicitados, y que están bajo su competencia, deben ser informados de manera reservada, pues están relacionados con seguridad nacional.

La norma establece como requisito esencial la mayoría de edad -18 años- para poder celebrar el matrimonio, en concordancia con otros cuerpos normativos y estándares internacionales.

Privar a los reos del contacto de su familia, representa una condena accesoria, inhumana y cruel, vedada por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, alega la parte recurrente.

La empresa principal no fue condenada solidariamente al pago por diversos incumplimientos laborales y previsionales adeudados por la empresa contratista, hecho que fue enmendado por el máximo Tribunal en atención al principio de protección de los trabajadores, y el artículo 162 en relación al artículo 183-B, ambos del Código del Trabajo.