En su resolución, la Magistratura Constitucional sostuvo que el requerimiento no cumple con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 84 de la LOCTC, esto es, adolecer de falta de fundamento plausible.
El recurrente estimó vulnerada su garantía constitucional del artículo 19 numeral 2.
Sentencia señaló que los indicios aportados no permiten establecer la existencia de las vulneraciones denunciadas por la actora.
Corte de San Miguel señaló que acoger a tramitación dicha acción afectaría normas de orden público.
El ente contralor concluyó que el particular deberá dar cumplimiento a su deber de abstención, en tanto se pueda producir un conflicto de interés.
Acierta el fallo impugnado al establecer que el empleador incumplió su obligación aun cuando acreditó que cumplió con las medidas de seguridad básicas y capacitó a sus trabajadores en este sentido, pero aquellas medidas fueron insuficientes pues se adoptaron otras después de la ocurrencia del infortunio.
El secreto tributario consagra la reserva o confidencialidad de toda información obtenida por los órganos tributarios, de forma que no puede ser revelada a terceros.
Si bien hay «buenas intenciones» en la resolución impugnada, ello implica «una discriminación en razón de la edad, que vulnera los derechos y las garantías del grupo etario al cual se encuentra destinada», ya que dispone «imponer una exigencia mayor y distintiva del resto de la población».
Ello de manera de evitar desenganches de ramas y troncos, fricción o corte de cables eléctricos que conllevan peligro para la vida y seguridad de las personas y bienes.
El programa de cumplimiento de Minera Florida había sido cuestionado con anterioridad ante el Tribunal Ambiental de Santiago por el mismo vecino de Alhué.
