Se dedujo recurso de casación en el fondo contra una sentencia la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmando el fallo de primer grado, hizo lugar a una demanda de la Municipalidad de Yungay en contra de la Municipalidad de San Pedro de la Paz, por restitución de impuestos mal pagados debido a la decisión […]

“el terrorismo constituye un grave fenómeno delictivo que atenta contra la democracia, impide el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales, amenaza la seguridad de las naciones, desestabiliza las bases de toda la sociedad y afecta seriamente el desarrollo económico y social de los estados latinoamericanos”.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de casación en la forma y de apelación que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante los cuales se pretende anular o revocar, respectivamente, la sentencia dictada por un Juzgado de Familia que desestimó una demanda de repudiación y reclamación de filiación por la aplicación de los plazos contenidos en las normas impugnadas, a pesar de que el referido tribunal había llegado a la convicción de que los demandantes eran hijos de quien aparece como padre biológico.

“el ejercicio del derecho de reunión en lugares públicos no puede restringirse en base a normas reglamentarias sino que debe dictarse una ley”, lo que contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos toda vez que se establecen restricciones mediante normas reglamentarias, como “las disposiciones generales de policía”.

La gestión pendiente invocada incide en una causa sobre delito de otorgamiento de contrato simulado seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente actúa en calidad de querellante por sí y como representante legal de una sociedad comercial.

“la calidad no es una meta que se puede obtener mediante alguna medida aislada” o que se conforme con “aunar buenas intenciones”, para ello es imperioso “contar con medidas coherentes” unido tanto a una “voluntad política” como “con instancias de colaboración y coordinación de todos los sectores”.

“normativa penal contraria al principio de legalidad”, ya que adolece de una serie de “irregularidades que afectaron el debido proceso”.

“constituyen una amenaza ilegal de atentados a la seguridad individual de la amparada” y su familia, lo que “amerita la adopción inmediata por esta Corte de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados”.

«… la declaración de inaplicabilidad obliga al Tribunal a examinar si el precepto «que se ha impugnado a través de la acción deducida, podría resultar contrario a la Carta Fundamental en su aplicación al caso concreto examinado. Para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (…)»

El Instituto de Previsión Social respondió el oficio enviado por el Consejo por la Transparencia, respecto a la forma en que se ha dado cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, sumado al oficio anteriormente enviado por FONASA. El Director Nacional (s) del organismo, Juan Bennett, informó que luego de […]