Luego de 26 sesiones del Consejo Constitucional, el anteproyecto volverá a las manos de la Comisión Experta. Las y los comisionados estarán encargados de hacer observaciones al texto. No obstante, la tarea de acuerdos no será fácil, dado que a pesar de que dicho órgano alcanzó consensos en el anteproyecto presentado antes de las modificaciones de las y los consejeros, el sector republicano, dada su mayoría, tiene todavía el timón del proceso constitucional.

El proyecto reduce los meses de carencia para ser beneficiario de este seguro, se aumenta el número de giros y el monto del segundo de éstos, y se automatiza la prestación en situaciones de catástrofe y alerta sanitaria, entre otras medidas.

Carece de fundamento razonable que el plazo legal de seis meses establecido en la ley para la tramitación de un sumario casi se cuadruplique.

Durante la partición de una herencia, los recurrentes solicitaron el estado de cuentas y determinación de los frutos civiles respecto de tres propiedades que administraba una de las comuneras, no obstante, el juez partidor desestimó el incidente por “falta de pruebas”, sin abrir un término para que las partes pudieran aportar antecedentes al respecto, configurando así el vicio de nulidad formal de omisión de un trámite que la ley declara esencial para la prosecución del juicio.

El deudor intentó paralizar el cobro de un pagaré acusando al demandante de no cumplir con el trámite del protesto, en circunstancias que previamente había extendido mandato ante notario público, autorizando al ejecutante a emitir pagarés a su nombre.

Las situaciones de acoso laboral, en la medida en que tienen por finalidad o como resultado atentar o poner en peligro la integridad del empleado, afectan la dignidad de la persona, su derecho fundamental a la integridad física y moral y la prohibición de los tratos degradantes. Puesto en relación el relato histórico con la normativa y jurisprudencia, se ha acreditado una violación de derechos fundamentales.

La funcionaria indicó que el traslado desde Chillán hacia Graneros carece de motivación, debido al trastorno de espectro autista que padece su hijo menor de edad, hecho que no fue considerado medicamente grave por la Corte Suprema, que confirmó el traslado de la recurrente.

El funcionario fue condenado en segunda instancia por el tribunal de cuentas al pago solidario de los montos erogados en exceso a una empresa que no prestó la totalidad de los servicios pactados, acto que presuntamente fue autorizado por el recurrente mediante un correo electrónico, no obstante, la Corte Suprema indicó que no puede ser considerado un cuentadante, debido a que su cargo no posee la capacidad de administrar fondos fiscales.

El Estado tiene el deber de adoptar medidas efectivas para garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos políticos, lo que incluye prevenir ataques contra la vida de una persona por su actividad política. La violencia por razones políticas no sólo implica la violación de diversos derechos humanos, sino que atenta contra los principios que fundamentan el Estado de Derecho.

Dichos recursos los percibe el INC en cumplimiento de su función pública, de modo que se deben incorporar al presupuesto del sector público.