La defensa no pudo articular una respuesta y justificar el incumplimiento que le imputa Gendarmería lo que afectó su derecho a un debido proceso.
El demandante no logró acreditar que el Servicio de Salud haya prestado un servicio deficiente.
La gestión pendiente incide en proceso penal, seguido ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción.
El recurrido efectivamente incurrió en un acto ilegal, constitutivo de una discriminación en perjuicio de los recurrentes.
La sentencia aprobó los gastos ejecutados por el Partido respecto de talleres que estaban programados después del 18 de octubre de 2019.
La Corte indicó que, es la institución recurrida quien debe explicar, cómo se ha generado el crédito que se cobra al recurrente, debiendo haber acompañado la documental necesaria.
Igualmente, confirió traslado al demandado por el término de 15 días más el término adicional establecido en el artículo 258 del Código de Procedimiento Civil.
La sentencia determina que se infringe la igualdad ante la ley, por cuanto se obsta participar a todos los empleadores condenados por igual, con independencia de su comportamiento individual y sin atender a que puedan haber cumplido el respectivo fallo condenatorio, en su oportunidad.
La metodología utilizada en su estudio, incluyó la revisión de datos que provienen de 196 constituciones a nivel mundial, en idioma inglés, disponibles en el Comparative Constitutions Project (CCP).
El caso muestra cómo la legislación nacional que resguarda la libertad de información, puede primar sobre las convenciones constitucionales y los «deseos de la reina».
