fue aprobado en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 66 de la Carta Fundamental; que, a su respecto, no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad, y que previamente se oyó a la Corte Suprema, el fallo concluye declarando el precepto orgánico y constitucional.

La gestión pendiente invocada incide en autos sobre indemnización de perjuicios seguidos ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, que acogió parcialmente la acción, en actual apelación para ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

«de prorrogarse en un año el actual mandato de los Consejeros Regionales, debería permitirse el reemplazo de aquellos consejeros que ya están ejerciendo el cargo como reemplazantes, pues muchos de ellos tenían presupuestado quedarse en el cargo sólo hasta el año en curso».

«los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas están sometidos a la soberanía del Estado de Chile, y señala que un 50 por ciento de las cuotas de pesca se distribuirán de acuerdo a los derechos históricos, mientras que el otro 50 por ciento será entregado mediante licitaciones».

«la privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado, es más reducida que la del resto de las personas, y considerando la decisión adoptada en otros reclamos relacionados a este, concluye que la información requerida tiene el carácter de pública, por lo que su divulgación favorece el control social respecto de materias asociadas estrechamente al desempeño funcionario».

«estiman que estas normas son discriminatorias en contra de los pueblos originarios, en particular contra los mapuches Lafquenches, atendido que durante la tramitación de este proyecto no se respetó el deber de consulta y de protección de los derechos de estos pueblos, al negar los derechos ancestrales de los pueblos indígenas y garantizar derechos históricos de las empresas pesqueras, y el respeto a la relación de los pueblos originarios con sus tierras o territorios, en contra de lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)»

“en el pago de los derechos municipales se encuentra implícita la idea de una contraprestación por las concesiones o permisos que obtienen, o por servicios que reciben las personas de parte de los Municipios, situación que no se da en aquellos casos en los cuales la instalación de un soporte emplazado en un bien nacional de uso público no contiene publicidad”.

«quienes estuvieron por no admitir a tramitación el requerimiento por estimar que no se ha dado estricto cumplimiento a lo ordenado por resolución de fecha 6 de diciembre pasado, al no haberse acompañado todos los antecedentes requeridos y ofrecidos por los requirentes. La sujeción a dicha resolución, arguyen, debe ser estricta, porque no lo hicieron con ocasión de la presentación del requerimiento».

“el principio de probidad administrativa constituye un principio rector que inspira el funcionamiento de los órganos del Estado, en aras del bien común”.

“la preponderancia de la ciencia en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la investigación y de la fiscalización, la regulación de la pesca artesanal de mayor escala y la protección de los ecosistemas marinos vulnerables, entre otros”.