La Corte Suprema ratificó las multas aplicadas por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por colusión en el mercado de ventas de pasajes de buses en el tramo interurbano Santiago-Cartagena.
La gestión pendiente invocada incide en un proceso de protección seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, de que conoce actualmente la Corte Suprema vía recurso de apelación.
La iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados.
En fallo unánime, la Corte Suprema acogió el recurso de protección presentado por el padre y apoderado de dos alumnos de kínder y tercer año básico.
La gestión pendiente incide en autos de protección de garantías constitucionales de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago.
La recurrente estimó vulneradas las garantías establecidas en los numerales 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.
Corresponde ahora que la iniciativa sea analizada y estudiada por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara de Diputados.
La gestión pendiente incide en un recurso de protección en estado de dictarse fallo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel.
Expone la Corte de Santiago que no concurren en la especie las exigencias del caso fortuito pues la imprevisibilidad y la irresistibilidad no se divisan, si se toma en cuenta la falta de precaución y vigilancia constatada de responsabilidad de la demandada.
De esa forma, evacuado el informe por la Comisión Mixta, se espera que hoy miércoles sea votado en ambas Cámaras.
