Observa luego que sistemáticamente se “ha promovido el respeto de este principio protector en prácticamente todos los ámbitos del derecho, pero especialmente en materia penal el legislador tipifica de un modo directo la sanción frente a la intervención ilegal de comunicaciones telefónicas” y que la “regulación de la vida privada en el sistema constitucional chileno comprende varios aspectos que, indudablemente, sobrepasan los contenidos de regulación constitucional”.

La gestión pendiente invocada incidía en un juicio criminal seguido ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el que dictó una resolución que declaró admisible una querella por apropiación indebida en contra del requirente. En contra de esa resolución, se dedujo un recurso de apelación, el cual fue denegado en virtud de la norma impugnada, y el querellado no conforme con ello, recurrió de hecho ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, señalando también a esta última como gestión pendiente.

“política comercial”, que afecta principalmente a las mujeres; como también se estaría negando la celebración de contratos de salud a las personas con ingresos menores a los 300 mil pesos, situación por la cual la Federación de Sindicatos de Isapres señaló haber enviado una carta a la Superintendencia de Salud, organismo que no ha respondido.

“se está en presencia de dineros pertenecientes o de propiedad del trabajador, tutelados por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, habida consideración de que tales cotizaciones se extraen de la remuneración devengada a favor del afiliado».

“si bien es cierto, como ya se anotó al inicio de esta decisión, objetivamente analizados los elementos de cargo reunidos al momento de someterse a proceso a la inculpada y, más tarde, al dictarse sentencia condenatoria, tenían mérito suficiente para ello, no lo tenían en el aspecto subjetivo, esto es, en relación al sujeto de la imputación, por la falta de documentos o elementos idóneos para cotejar su identificación circunstancia esta claramente atribuible a una negligente actuación de la autoridad jurisdiccional”.

La decisión fue acordada, en lo relativo a los artículos 45 y 108 del proyecto de ley sometido a control, con el voto en contra del Ministro Venegas, quien estimó que tales normas son propias de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 38 de la Constitución y son inconstitucionales, por atentar contra la carrera funcionaria de los funcionarios de la Administración del Estado garantizada en dicha disposición constitucional.

La requirente explica que el Contralor, sobre la base de la disposición objetada le solicitó la renuncia no voluntaria a su cargo la que, según expresa, tiene como único fundamento el haber cumplido 61 años de edad. Agrega que siempre fue calificada en lista 1, circunstancia que desvirtúa, en su opinión, todo otro tipo de crítica a su desempeño profesional y funcionario.

La gestión pendiente invocada incide en un recurso de queja interpuesto en contra de los ministros de la Novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, de que conoce la Corte Suprema.

La CIDH es un órgano del sistema interamericano de derechos humanos, que se encuentra regulado tanto por la Carta de la Organización de Estados Americanos como por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que se encarga de promover el respeto y promoción de los derechos humanos en la región.

En dicho contexto propusieron que se formule una indicación que disponga el secreto de las minutas, antecedentes y elementos de la defensa jurídica del CDE, para que no sean entregados a particulares que los requieran acogiéndose a la Ley N°20.285.