“…la potestad sancionadora de la Administración admite un origen común con el derecho penal en el ius puniendi del Estado, por lo que le resultan aplicables los mismos principios, límites y garantías que en la Carta Fundamental se prescriben para el derecho punitivo, aunque ese traspaso haya de producirse con ciertos matices en consideración a la particular naturaleza de las contravenciones administrativas”.

La iniciativa tiene por objeto dar cumplimiento al mandato de la Carta Fundamental, en su artículo 119, que señala, en lo pertinente, lo siguiente: “El consejo regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva”.

La Corte Suprema agregó que “esta materia ha sido ya objeto de numerosos pronunciamientos de esta Corte de casación, la que ha venido sosteniendo de manera invariable que no puede modificar los hechos que han fijado los jueces del fondo en uso de sus atribuciones legales, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor legal de la prueba, cuyo no es el caso de autos”.

“…quien sea elegido Presidente de la República tiene que liderar ese proceso, pero no puede prescindir de las oposiciones y las oposiciones no pueden convertirse en el dique que contenga el avance del país”.

«…la declaración de la candidatura de la que se viene tratando se enmarca dentro del procedimiento de elecciones primarias creado a través de la Ley N° 20.640, que «Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de Candidatos a Presidente de la República, Parlamentarios y Alcaldes» que regula –conforme lo definido por su artículo primero–»un sistema de elecciones primarias a ser usado por los partidos políticos para la nominación de candidatos a los cargos de elección popular que determina la ley…»

Avanza en el análisis y estudio de las propuestas realizadas por el Sernam y otras que formularon las expertas en Derecho de Familia, la Jueza Gloria Negroni y la profesora Fabiola Lathrop.

El requirente estima que, de aplicarse los preceptos legales impugnados, se vulnerarían sus garantías constitucionales, entre otras, el derecho al debido proceso, al verse privado de la posibilidad de recurrir o revisar lo obrado en primera instancia. También alega infracción al principio non bis in idem, desde que considera hechos ya sancionados, para elevar la responsabilidad administrativa.

La iniciativa destaca la extremada desconfianza y falta de identificación de la ciudadanía con los partidos políticos en nuestro país. Agrega que existen duras críticas a estos grupos, como la falta de transparencia y el hecho de privilegiar sus intereses por sobre los del país, lo que a juicio del mensaje “tendría mucho de injusto”.

La publicación busca fortalecer el prestigio de los tribunales de justicia, constituyéndose en un medio eficaz para contribuir a una institución de enorme importancia en la vida nacional.

La institución hospitalaria aludida informó que procede declarar la prescripción a que aluden los recurrentes, por cuanto el proceso en cuestión se ajustó a las normas y jurisprudencia vigente.