En particular, se refiere a la situación que habría afectado a una ex funcionaria de esa institución, quien, al haber demandado al servicio, por conductas de acoso laboral, el -ISL habría sido su contraparte en el litigio y, además, simultáneamente, la institución encargada de calificar como profesional la enfermedad que la aquejaba, debiendo prestar los servicios propios del seguro social que administra.

La Ley N°19.966 no hace referencia a la interrupción del plazo de prescripción de la acción indemnizatoria, por lo cual corresponde aplicar el artículo 2503 del Código Civil por ser una disposición de derecho estricto.

Los hechos denunciados inciden en una materia que debe ser declarada en un juicio de lato conocimiento conocido por un tribunal competente y no es materia objeto del recurso de protección.

Los límites al gasto electoral en Chile superan la realidad económica nacional.

Los informes dan cuenta que la amparada es accionista de la Junta de Vigilancia del Río Lluta y dueña de los derechos de agua de la cuenca respectiva.

Producto de la pandemia las instancias participativas presenciales para la elaboración de la propuesta no son posibles.

El ente contralor adujo que lo anterior, por cierto, no significa que la municipalidad se encuentre en la obligación de disponer la totalidad de medios que eventualmente puedan requerir sus concejales para desempeñar sus funciones desde sus domicilios.

La reclamación alega como daño ambiental, causado por la Compañía Minera, la pérdida del componente hídrico, esto es, la disminución de la cantidad física de agua que está presente en el acuífero del río Copiapó

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda por infracción a los procedimientos clínicos perinatales del Ministerio de Salud.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario de la recurrida al retener los montos sin pedir información fidedigna.