La resolución impugnada se ajusta a derecho y resulta plausible a la luz de los antecedentes expuestos en la audiencia respectiva, particularmente atendido el tenor del informe que sirve de fundamento al amparo.
La ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
El Estado se encuentra en una posición especial de garante que implica el deber de respetar la vida, integridad, salud y demás derechos humanos de las personas privadas de libertad, en tanto las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia.
La Novena Sala del tribunal de alzada confirmó íntegramente la sentencia impugnada, dictada por el 24º Juzgado Civil de Santiago, que acogió la demanda deducida por el Fisco.
En cuanto al derecho a la vida, ninguna de las observaciones realizadas al artículo 16 inciso 1 lograron el quorum necesario para su aprobación. De esta manera, permanecerá la redacción del Consejo Constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Este tema ha sido de amplio de debate en todo el Proceso Constitucional.
Ambos tuvieron una relación sexual puntual, pero a mediados de 2015, él decidió no continuar y la mujer no aceptó dicha decisión, por lo que comenzó a tomar una actitud de control.
Al momento de sacar a caminar a los 31 infantes que custodiaba a un parque cercano, la parvularia no se percató que uno de los niños se quedó en el baño del jardín infantil solo y por más de treinta minutos, circunstancia que fue calificada como una omisión temeraria por parte del empleador, que la despidió invocando la causal del artículo 160 Nº5 del Código del Trabajo.
El recurrente intentó anular la condena alegando que el acto observado por los agentes policiales era neutro, y no podía desprenderse de aquel la comisión de un delito, argumento desechado por el máximo Tribunal luego de observar que la entrega de un “papelillo” a cambio de una suma de dinero, y la posterior huida del acusado al notar la presencia de Carabineros, son indicios habilitantes para controlar la identidad del encartado.
La obligación se encontraba en mora desde el año 2012, y al momento de pactar el crédito, la ley vigente en aquella época permitía el pago de una cuota única anual, por ende, al momento de la notificación a la demandada -5 de diciembre de 2019- tanto la deuda como las acciones de cobro se encontraban prescritas, al transcurrir más de 5 años del plazo señalado en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.
Exigen el pago de 14 millones de libras esterlinas (unos 17 millones de dólares) por presuntas negligencias en las negociaciones que posibilitaron la gira “Music of the Spheres”. Habría existido un conflicto de interés debido a una deuda mantenida con la empresa organizadora.
