Los antecedentes no resultan suficientes para dar por establecidas las vulneraciones al debido proceso que alega el recurrente.
PDI actuó en el ejercicio de las facultades que se le otorgan para controlar el ingreso de los extranjeros e impedir que entren personas que no cumplan con los requisitos.
La gestión pendiente incide en autos de recurso de protección, de que conoce la Corte de Temuco, en actual conocimiento de la Corte Suprema.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada y en su lugar dispuso que se acogiera la acción de protección deducida.
El requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho a ejercer la acción penal de la víctima o querellante.
La apreciación probatoria no es susceptible de ser controlada por la vía de nulidad laboral, por cuanto esta etapa sólo está abocada a revisar los asuntos de derecho, sin modificar el escenario fáctico asentado en la instancia.
El requirente estimó haberse vulnerado el debido proceso, en específico, su derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.
No se advierten elementos de juicio que permitan sostener, como pretende el recurrente, que lo obrado por DGA adolece de la debida motivación.
La Corte Suprema concluyó revocando la sentencia apelada, y en su lugar dispuso que es admisible la acción de protección deducida.
La decisión fue adoptada con los votos en contra de la Ministra Vivanco y de la Abogada integrante Gajardo, quienes fueron de la opinión de confirmar la sentencia apelada.
