Recurso de reclamación contra Superintendencia de Educación, fue rechazado. Se acreditó que la infracción sancionada guarda relación con los derechos y deberes de la comunidad educativa.
La autoridad recurrida reguló la multa en el mínimo legal.
La autoridad recurrida reguló la multa en el mínimo legal.
El máximo Tribunal resolvió que el demandante cumple con la condición funcionaria para el otorgamiento del incentivo al retiro.
El requirente sostiene que la norma impugnada conculca gravemente diversas garantías penales: principio de legalidad, de culpabilidad, prohibición de la prisión por deudas y proporcionalidad.
La participación de la mujer se estima en 56.4% en el cuidado de bebes, niñas, niños y adolescentes, lo que deberá ser tomado en cuenta en las resoluciones judiciales que versen sobre alimentos.
Si bien el ejecutante ejerció la facultad de acelerar la exigibilidad del crédito al ingresar su demanda, la interrupción del término de la prescripción extintiva de la acción se verifica con su notificación.
La requirente estima que la preceptiva legal impugnada, conculca gravemente su derecho de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
La imparcialidad se pierde en el momento en que el juez actúa como una parte dentro del proceso.
La judicatura determinó que el demandante era dependiente de la empresa usuaria y, por tanto, la demandada carecía de legitimación pasiva.
Por tratarse de una víctima de violencia intrafamiliar, pesaba sobre el personal policial un deber de seguridad concreto, el cual se cumplió de modo ineficiente y descuidado, sin ajustarse a las circunstancias del caso.
El despido debe fundarse necesidades de la empresa que hacen inevitable la separación de uno o más trabajadores.