El Tribunal de alzada estableció el actuar ilegal y arbitrario de la caja de compensación al descontar del sueldo de la trabajadora afiliada el pago de una deuda que fue declarada prescrita por sentencia firme y ejecutoriada.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, que acogió la demanda por la pasividad del Estado frente a los múltiples ataques que han afectado al fundo San Luis de Palermo, ubicado en la comuna de Vilcún.
La sentencia ordena a la SMA instruir un procedimiento administrativo que incluya, a lo menos, la audiencia del interesado y que concluya con la dictación de un programa de monitoreo definitivo.
Por existir una controversia entre las partes en cuanto al trazado para efectuar la instalación de postes y de la red eléctrica, no se cumple con uno de los presupuestos del recurso de protección, esto es, que exista un derecho indubitado por parte del recurrente.
En el recurso de protección no se describen hechos que puedan constituir una vulneración de garantías constitucionales protegibles por esa vía, por lo que se declara inadmisible.
La forma en que se realizó la audiencia no permitió a todos los intervinientes tomar parte en ella de manera ordenada, exponer cabalmente y en la oportunidad procesal correspondiente sus argumentos.
Los preceptos impugnados son respetuosos de los principios de legalidad y juez natural, pues establecen, concretamente, que el procedimiento penal aplicable cuando sean los congresistas quienes cometen un delito, es el contenido en la Ley 600 de 2000 y este, en armonía de la Constitución, asigna a la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar a los miembros del congreso.
Padres o apoderados serán responsables por los daños que causen sus hijos o pupilos menores de edad a la persona, bienes o propiedad de otros, sean públicos o privados.
El Servicio alegó, además, que la georreferenciación de la gestión de la receptora judicial la ubicaba frente al domicilio del organismo de salud, sin embargo, el Tribunal determinó que ello no invalidaba la notificación, toda vez que estaban permitidas las imprecisiones del GPS de menos de 100 metros.
El recurrente alegó que la Inspección del Trabajo no tiene atribuciones para interpretar cláusulas contractuales, por lo que la imposición de multa por no precisar las labores de “operadores de tienda” en un anexo del contrato de trabajo sería ilegal.
