La calidad de cuentacorrentista de la actora fue adquirida a propósito de su condición de trabajadora del Banco Santander.
La sentencia de contraste se basó en una situación fáctica diversa.
El máximo Tribunal descartó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que acogió la demanda.
En audiencia de cautela de garantías el magistrado acogió la solicitud formulada por la defensa del parlamentario, al no encontrarse condenado en alguna causa.
El Tribunal de alzada consideró que no existió error en la aplicación de la sanción pero, por mayoría, consideró que procede la rebaja de la multa de 100 a 50 UTM, por existir interés público en la información.
El Tribunal ordenó a la demandada pagar US$42.858,6, monto cubierto por la póliza de seguros y pagado al dueño de la mercancía que se humedeció y perdió antes de ser enviada a la ciudad de Santa Cruz, Bolivia.
“En primer lugar, no cabe sino valorar la idea de buscar mecanismos eficientes de control de la medida de prohibición de acercamiento a las víctimas de VIF con la amplitud que la actual versión del proyecto promueve, que además de hacerla extensiva en sede cautelar –y ya no sólo como control de ejecución de penas– abarca a los dos tipos de jurisdicción que conocen de este tipo de causas, tanto la penal, como la de familia”, plantea el informe.
El pleno del máximo Tribunal estableció que la madre de la menor no puede ser considerada como extranjera en tránsito al permanecer en territorio nacional desde 2018, ha expresado su voluntad de quedarse en el país donde, además, cursó estudios de enseñanza media y se realizó todos los controles de embarazo.
Más de tres mil personas respondieron una serie de preguntas relacionadas con la polémica iniciativa. Ahora la Comisión de Salud utilizará esa información para formular indicaciones cuando corresponda.
Sentenciadores del grado se limitaron a la estricta resolución de los argumentos vertidos en la reclamación, y a la aplicación del fallo de inaplicabilidad, lo que llevó a fijar la sanción impugnada.
