La Magistratura colombiana llegó a esta conclusión, debido a que no se cumplen requisitos mínimos necesarios para perfilar adecuadamente el concepto de violación constitucional.
El recurrente estimó vulnerada su garantía del artículo 19 de la Constitución numeral 3.
La Corte de Valdivia indicó que, la decisión de la autoridad administrativa en orden a poner término a la contrata de la recurrente al carecer de suficiente fundamentación, se avino ilegal y arbitraria.
La Corte de Santiago indicó que, no se divisó ilegalidad alguna en el actuar de la recurrida.
Además, el ente contralor adujo que los vehículos motorizados forman parte de la dotación máxima fijada en las partidas de la ley de presupuestos.
El ente contralor sostuvo que no se advierte la existencia de alguna irregularidad en la decisión adoptada por la referida fiscalía administrativa.
El máximo Tribunal ibérico aplicó a la bailarina despedida el régimen laboral específico de los artistas el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.
La Corte de Antofagasta indicó que, no es posible evidenciar la vulneración que alegó el recurrente.
El recurrente considera vulnerado su derecho a la libertad individual.
El amparado fue formalizado por varios delitos en contexto de violencia intrafamiliar.
