La negativa de la autoridad a exonerar al actor de su nombramiento como vocal de mesa comprometió sus derechos en forma irrazonable, como quiera que la entidad tenía medidas alternativas para asegurar la celebración del certamen electoral sin la comparecencia del accionante. Por ende, tal decisión resultó desproporcionada y lesiva de la libertad religiosa del recurrente.

No firma una de las juezas, no obstante haber concurrido al juicio y al veredicto, por haber retornado a su tribunal de origen.

En el caso concurre la causal de reserva de indebida distracción prevista en el artículo 21 N°1 de la Ley de Transparencia, pues los escasos funcionarios del DEIS deberían destinar tiempo excesivo en confeccionar un Excel con lo solicitado.

Los órganos legalmente competentes para tramitar la solicitud de bono post laboral, son la Corporación y Municipalidad en donde se desempeñe el funcionario, correspondiendo a la entidad edilicia dictar un acto administrativo para su otorgamiento.

La empresa solicitó el registro de una nueva marca de vinos, pero no acreditó que su solicitud no fuera coincidente con una marca previamente registrada, y al alegar infracciones a las reglas probatorias de la sana critica no indicó cuál de ellas se habría infringido.

La nueva norma aplicable le es más favorable al reo.

La solicitud al Presidente de la República se orienta a que se implemente en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales un mecanismo de apoyo y acompañamiento a los estudiantes, considerando las alarmantes cifras de enfermedades siquiátricas y suicidios que se dan en los jóvenes.

El máximo Tribunal refrendó la interpretación jurisprudencial plasmada en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que confirmó la de primer grado que ordenó al establecimiento educacional solucionar el incremento legal por años de servicios y proceder a restituir los descuentos del aporte del empleador a los seguros de cesantías de las docentes.

Debe adoptar medidas adecuadas para impedir su continuidad, al afectar a un área verde y a la comunidad porteña. No obstante las acciones del municipio, también se debe considerar las acciones o derechos que el Serviu como titular del terreno decida ejecutar a fin de solucionar el asentamiento irregular.

El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al negar el tratamiento recomendado por médico tratante, lo que se traduce en una afectación patente al derecho a la vida y a la salud de la menor de edad.