El Tribunal de alzada descartó actuar arbitrario de los organismos recurridos, tras establecer que la concreción del sufragio de los reclusos, requiere de la dictación de una normativa legal que regule cómo se ejercería dicho derecho.

No resultaría racional ni justa la decisión administrativa que omite oír al afectado antes de decretar el auxilio de la fuerza pública.

La instrucción del Contralor determinó la reincorporación del actor bajo la modalidad a contrata, luego de informarle el ascenso de funcionarias en su cargo.

El detalle de cobros y abonos es insuficiente para dar solución al reclamo de la actora por cobro excesivo de energía eléctrica.

No se dio íntegro cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala.

La Corte determinó que las personas con VIH están sujetas a una protección especial para asegurar su estabilidad laboral.

La Inmobiliaria se ve limitada para reclamar dicha tasación, conforme a las restricciones que establecen los incisos segundo y final del artículo 149 del Código Tributario.

Además, el fallo condena a la empresa al pago de 6.000 euros por concepto de daños morales en favor de la trabajadora.

Se vulneraría el debido proceso, pues la diferenciación efectuada por la norma impugnada implica una vulneración al derecho a defensa.

La iniciativa de la Corte busca hacer efectiva la Ley Nº 14.783 que establece cuotas mínimas para el colectivo trans, con el fin de alcanzar la igualdad real y efectiva.