El retardo en practicar las inscripciones solicitadas por la recurrente afecta su derecho de propiedad.
Se alega no haberse respetado la exigencia de llevar a cabo un procedimiento previo, racional y justo, toda vez que se vulneró el derecho del estudiante afectado con la sanción de realizar descargos y a rendir pruebas.
Se alega que la recurrida se niega a dar la cobertura contratada, como plan preferente y con 100% sin tope, soslayando que el actor tiene un contrato de prestaciones médicas, cuyo fin es concurrir a la cobertura de las prestaciones necesarias y todos los procedimientos médicos atingentes a la recuperación de su salud.
El bloqueo aparece aplicado como una forma indirecta de obtener el pago de acreencias, por parte de Cannon Center quien es, en definitiva, la deudora de la recurrida.
A través de la solicitud los recurrentes buscan se consolide el acceso al cargo de Director al cual postularon, decisión que conlleva un importante incremento en sus remuneraciones, situación que se mantiene paralizada por la omisión de la recurrida.
El actor alega que el Estado se encontraba obligado a proporcionarle todos los elementos y accesorios de protección, en atención a la peligrosidad del sector y a la previsibilidad de posibles agresiones, las que fueron incluso alertadas a través de una carta anónima, sin embargo, no se tomaron medidas de resguardo.
De esta forma, el órgano contralor continúa con el criterio adoptado en un dictamen del año 2021, emitido con ocasión del término del estado de catástrofe.
El máximo Tribunal no advirtió infracción alguna a las normas denunciadas, así como tampoco a las disposiciones legales que establecen la reparación integral de los daños causados pues ella ha de fundarse en antecedentes probatorios de mérito, cuyo no es el caso de los documentos respecto de los cuales se razona en el arbitrio de nulidad.
En cambio, solo estimó los efectos de la interrupción civil incurriendo el fallo en la causal de casación formal del artículo 768 N°5 en relación al artículo 170 N°4 ambos del Código de Procedimiento Civil.
En la implementación segura de los sistemas y sitios web deben aplicarse estándares de desarrollo, compatibilidad y las directrices principales de las normas internacionales y nacionales sobre seguridad.
