“se ha manifestado con fuerza un intenso nuevo sentir de la ciudadanía que exige participar” y que esta “falta de espacio ha creado descontento”, siendo “necesario y de urgencia que el mundo político dé una muestra importante de apertura hacia esta nueva sociedad que hoy día se considera marginada”.

La acción de inaplicabilidad incide en una reclamación interpuesta ante un Juzgado Civil de Rancagua en contra del Servicio de Salud de la Sexta Región, por medio de la cual se pretende dejar sin efecto una multa aplicada bajo el apercibimiento de prisión, por una supuesta infracción de las normas aludidas, lo que vulnera el principio de legalidad, de reserva legal, y de taxatividad en materia penal (art. 19 N°3), junto con el derecho a desarrollar cualquier actividad económica (art. 19 N°21)

«…la circunstancia de que TVN haya indicado en sus contestaciones que hizo entrega a la reclamante del documento registrado en el DDI, únicamente puede entenderse como una expresión de que no se opone a que la reclamante acceda a la información requerida”.

La acción de inaplicabilidad incidía en un recurso de apelación seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual se pretende revocar una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel que desestimó una acción de protección que perseguía dejar sin efecto la decisión de un establecimiento educacional subvencionado que cobró matrícula a sus alumnos.

“El carácter de extraordinario del recurso de amparo no impide la revisión del mérito del auto de procesamiento, del cual emana la privación de libertad que sustenta la interposición de la presente acción, aunque tal control queda restringido a la constatación de eventuales infracciones a la Constitución o las leyes, susceptibles de amenazar la libertad del amparado, que es el ámbito permitido por este peculiar árbitro”.

«Toda persona imputada de delito tiene derecho irrenunciable a ser asistida por un abogado defensor proporcionado por el Estado si no nombrare uno en la oportunidad establecida por la ley”.

El Ministro de Planificación, Felipe Kast, manifestó que fue “un debate de muy buena calidad, con mucho espíritu de unidad en materia social lo que me parece muy alentador y expectante de lo que pueda ocurrir en la Sala. Espero que así como fue aprobado unánimemente en el Senado, este proyecto en la Sala pueda contar también con el apoyo de la mayoría de los diputados” y precisó que sólo hubo cambios menores en la iniciativa.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que condenó a Entel a reembolsar las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que mantenía en bienes nacionales de uso público.

En una segunda votación -con 86 votos a favor- la Cámara baja aprobó el “Tratado sobre el traslado de personas condenadas entre la República de Chile y la República del Perú», suscrito el 25 de noviembre de 2010, cuyo objetivo es permitir que los nacionales condenados en el país vecino puedan cumplir sus sentencias en su medio social de origen.

La gestión pendiente invocada es un recurso de casación en el fondo seguido ante la Corte Suprema, mediante el cual pretende anular la sentencia que la condenó al reembolso de las sumas de dinero que corresponden al costo del traslado de las instalaciones que esa empresa mantenía en bienes fiscales.