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A raíz de los últimos fallos que, desde la Corte Suprema, han confirmado el congelamiento del alza de precios en los planes de salud por parte de las Isapres, el Instituto Libertad y Desarrollo se pronunció en específico sobre la sentencia Rol 9051-2012, de 29 de abril de 2013

Se solicitó al Contralor General de la República emitir un pronunciamiento, por parte de un funcionario de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que reclamó por una medida disciplinaria de censura que le fuera impuesta

Se dedujo recurso de reclamación en contra de la resolución del CPLT que ordenó la entrega de correos electrónicos del Ministro Secretario General de la Presidencia.

Se dedujo recurso de protección, por un ciudadano colombiano, en contra del Intendente de la Región de Antofagasta y de la PDI a fin de que se declare ilegal y arbitraria la resolución que ordenó la expulsión del país.

Se solicitó declarar inaplicables, por inconstitucional, los artículos 166 y 171 inciso 2°, del Código Sanitario

El TC declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 21 del Código Tributario

Se dedujo acción de protección en contra del Director del Consultorio Miraflores, de la ciudad de Temuco, por parte de un particular, a fin de que se declarare ilegal y arbitrario el hecho consistente en la negativa de los profesionales del establecimiento de otorgarle la atención y medicamentos que requiere como paciente, todo lo cual constituiría una vulneración del derecho a la integridad física y psíquica y al de la igualdad ante la ley.

La Corte Constitucional de Colombia, en virtud del principio de participación democrática y de la importancia que tiene el Marco Jurídico para la Paz en la realidad y los intereses de la sociedad colombiana, celebró ayer jueves 25 de julio una audiencia pública para decidir una demanda de inexequibilidad en contra del Acto Legislativo 01 de 2012 (parcial) “Por medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política”.

La moción de los diputados Becker, Browne, Edwards, Godoy, Jaramillo, Monckeberg, Pérez, Sabat, Sauerbaum y Verdugo, expone que en el contexto del proceso penal, la protección a las víctimas no sólo debe asociarse con el resguardo de la integridad física, sino también debe considerarse el grado de vulnerabilidad al que puede estar expuesto el sujeto.