La gestión pendiente invocada incide en una causa sobre delito de otorgamiento de contrato simulado seguida ante un Juzgado de Garantía de Santiago, en que el requirente actúa en calidad de querellante por sí y como representante legal de una sociedad comercial.
“la calidad no es una meta que se puede obtener mediante alguna medida aislada” o que se conforme con “aunar buenas intenciones”, para ello es imperioso “contar con medidas coherentes” unido tanto a una “voluntad política” como “con instancias de colaboración y coordinación de todos los sectores”.
“normativa penal contraria al principio de legalidad”, ya que adolece de una serie de “irregularidades que afectaron el debido proceso”.
“constituyen una amenaza ilegal de atentados a la seguridad individual de la amparada” y su familia, lo que “amerita la adopción inmediata por esta Corte de las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la protección de los afectados”.
«… la declaración de inaplicabilidad obliga al Tribunal a examinar si el precepto «que se ha impugnado a través de la acción deducida, podría resultar contrario a la Carta Fundamental en su aplicación al caso concreto examinado. Para realizar el referido juicio de constitucionalidad basta que el juez que conoce de la gestión pendiente tenga la posibilidad de aplicar dicho precepto en la decisión que ha de adoptar y, al hacerlo, pueda vulnerarse la Constitución (…)»
El Instituto de Previsión Social respondió el oficio enviado por el Consejo por la Transparencia, respecto a la forma en que se ha dado cumplimiento a la Ley 19.628, sobre protección de datos de carácter personal, sumado al oficio anteriormente enviado por FONASA. El Director Nacional (s) del organismo, Juan Bennett, informó que luego de […]
“Comprendido en el mandato impuesto a las Municipalidades por el artículo 1° de la Ley N° 18.695, en cuanto deben satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas».
El máximo Tribunal tuvo presente lo dispuesto en el artículo 7 letra f) de la Ley N° 18.410, Orgánica de la SEC, según el cual el Superintendente podrá: “Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de las plantas directiva, profesional o técnica de la Superintendencia”, precepto coherente con las normas generales sobre delegación de funciones establecidas en el artículo 43 de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
“el actual sistema electoral binominal de nuestro país desde hace más de dos décadas, restringe la renovación de liderazgos, pues contribuye en gran parte a perpetuar la reelección de los actuales parlamentarios, tal cual ha sido desde el año 1990 a la fecha”
Agrega, que la autorización municipal es un título de naturaleza “evidentemente transitoria” y que no existe ninguna norma de rango legal que le imponga a la Municipalidad reclamada la obligación de mantener el permiso asignado a la reclamante.
