Acreedor demandó ejecutivamente el 31 de mayo de 2019, por lo que no correspondía aplicar la suspensión de plazos a su causa, la cual fue notificada excediendo el plazo del artículo 98 de la Ley N°18.092, por lo tanto, la acción de cobro fue declarada prescrita.

El acceso sexual con menores de edad es un hecho sancionado en el Código Penal en la protección de los menores frente a actos sexuales sobre ellos realizados por mayores de edad.

El demandante prestó servicios genéricos como veterinario en diversos programas de desarrollo comunitario, siempre bajo la dirección de un funcionario municipal ante quien rendía cuenta de su labor, excediendo con ello el límite del artículo 4 de la Ley N°18.883.

El máximo Tribunal descartó error de derecho en la resolución recurrida, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que confirmó la de primer grado que no dio lugar a seguir adelante con la ejecución.

El actor se desempeñaba en un programa de desarrollo comunitario, y la relación contractual con el municipio en atención al principio de primacía de la realidad, superaba los límites de la contratación a honorarios, existiendo en la especie, los requisitos de los artículos 4 y 7 del Código del Trabajo para acreditar que la relación era de carácter laboral.

Solamente en el primer semestre de 2022, en la plataforma “No Molestar” del SERNAC, se recibieron 131.856 requerimientos de consumidores que solicitaron dejar de recibir llamadas.

Que Airbnb sea sometida a una retención fiscal del 21% sobre las cantidades abonadas por los arrendatarios a los arrendadores, no vulnera el principio de libre prestación de servicios.

La resolución solicita al Presidente Boric instruir la revisión del cálculo en las tarifas de peajes en contratos de concesión. También, que se congelen las tarifas o se reajusten pero, de manera razonable, de acuerdo a la situación económica que vive el país.

En la audiencia formalización, el magistrado ordenó el ingreso de Yévenes Ramírez al Complejo Penitenciario de Acha por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y por peligro de fuga. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.

Las publicaciones que se realizan en redes sociales por definición distan de ser privadas, permitiendo el acceso no restringido a cualquier persona.