El Tribunal estableció la responsabilidad de la clínica universitaria por el actuar negligente en la intervención a que fue sometido el hijo del demandante, quien falleció debido al daño provocado a la arteria aorta en el procedimiento quirúrgico.
El Tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de las recurridas al continuar los cobros transacciones fraudulentas que fueron oportunamente denunciadas por clienta.
La gestión pendiente incide en proceso Contencioso-Administrativo, seguido ante la Corte de Rancagua.
Yerra la Corte de Concepción al concluir que en este caso no procede la condena al pago de la indemnización por lucro cesante y por daño moral.
Recurrente no contaba con un derecho adquirido e indubitado.
Finalmente se adoptó acuerdo en la causa, quedando en estado de sentencia, designándose como redactor al Ministro Letelier.
No puede observarse que la recurrida haya actuado en contravención a la normativa alegada.
Esto, a propósito de consulta efectuada por la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.
El objetivo principal es reforzar este principio con una norma de carácter constitucional.
No procede acoger el recurso en cuanto exige retracto y disculpas públicas.
