La sanción fue resultado de un sumario administrativo.
Sería no sólo inconveniente, sino, altamente cuestionable, que un órgano de la Administración del Estado sobre el que pesa de manera absoluta el deber constitucional de protección, preservación y conservación del derecho fundamental al medioambiente, la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, se eximiera de una obligación legal que deben cumplir todos los proyectos de esa naturaleza.
La entrevistada, ex mujer del magistrado, expresó a micrófono abierto asuntos de carácter personal y familiar del juez.
Al no permitir que se objete la liquidación del crédito por un motivo diverso al de errores matemáticos, y luego limitar que se recurra ante un tribunal superior en caso de ser agraviante la resolución que resuelva la objeción del crédito, el procedimiento en el cual se juzga al requirente no sería racional ni justo.
La demandada puso en duda la veracidad de los dichos del actor sobre la justificación de sus ausencias.
El Pleno emitirá pronunciamiento en control preventivo y obligatorio sobre la constitucionalidad de las normas que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.
La autoridad mantuvo el criterio sostenido sobre la materia.
La actora esgrime que con tales especificaciones se impone una limitación que beneficia solo a algunos oferentes.
Las autoridades nacionales pueden ejercer acciones respecto del tratamiento transfronterizo de datos, siempre que sean competentes y respeten los procedimientos de cooperación y de coherencia establecidos por la legislación europea.
La impugnación se dedujo por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).
