El máximo Tribunal argentino considera que los ministros deben compartir sus argumentos de fondo al decidir un litigio, más alla de coincidir en la sanción a imponer.
El máximo Tribunal estableció yerro en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, al confirmar la resolución del tribunal de base que se declaró incompetente para conocer la acción, cuya resolución, consideró, correspondería a la judicatura civil.
El Tribunal de alzada estableció error en la sentencia de primer grado, en cuanto rechazó la demanda de una de las hermanas de la víctima y en la determinación de la responsabilidad que le cupo al médico en el fatal desenlace.
No corresponde este tipo de sesiones fundadas en la excesiva carga legislativa, pues el Congreso debe ser un espacio de deliberación abierta y transparente.
El Tribunal de alzada revocó la sentencia impugnada, dictada por el Tercer Juzgado Civil de Santiago, tras establecer que en la especia se configura infracción a la normativa sobre propiedad industrial, al utilizar la demandada una marca registrada por la contraparte.
La medida le impuso la prohibición de contacto incluso mediante internet, hecho no respetado por el condenado, quien deberá cumplir 9 mese de presidio.
Es necesario aspirar a una justicia respetuosa de los derechos humanos de las mujeres, que tenga una mirada de los casos en los que deba intervenir, con esa perspectiva de género necesaria para no perpetuar las injusticias en las que los poderes del Estado y el Poder Judicial, particularmente, ha incurrido en el pasado.
En la especie, una empresa demandada por uno de sus trabajadores, luego de responder ante tribunales, invocó una cláusula contractual de arbitraje para trasladar el litigio a esa sede.
No debo esperar el aplauso ni temer la crítica. Me pagan por sentenciar, no por alimentar o proteger mi ego. Debo recordar que el que gana un pleito suele ser ingrato ( se gana por mérito propio: del abogado victorioso) y el que pierde siempre está descontento (se pierde por culpa ajena: del juez).
El documento aprobado por la Sala llama al Presidente de la República a agilizar la ejecución técnica y reglamentaria que permita aplicar este procedimiento.
