El órgano contralor hace presente que en razón de lo informado por la SEREMI, actualmente se encuentran en trámite una solicitud de arrendamiento de parte del referido inmueble fiscal ingresada en 2016 por la persona que ocupa parte del mismo y una petición del año 2015 de la Iglesia Metodista Pentecostal, de concesión de uso gratuito por cinco años de la totalidad de la superficie de dicho bien raíz.

El Consejo para la Transparencia precisó que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella.

Sobre la improcedencia del pago argumentada por el Director de Control de esa corporación edilicia, el órgano contralor aduce que tal como lo ha reconocido, los honorarios constituyen una contraprestación al cumplimiento efectivo de las funciones asignadas al prestador.

En su sentencia, la Corte hace presente que, de los informes evacuados por las instituciones recurridas, aparece que la omisión que se les reprocha se encuentra ajustada a la ley.

En su sentencia, el Tribunal de alzada adujo en esencia que, el problema planteado se produce por la distinta interpretación que las partes dan a las bases del concurso.

La Contraloría señala que según aparece en el acta que contiene los cargos formulados al peticionario, las conductas investigadas tendrían relación con faltas a la probidad y no por las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo.

El Consejo para la Transparencia acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a la Unidad de Análisis de Admisibilidad y SARC de la Corporación.

El Tribunal de alzada revocó la resolución que había dejado sujeto al menor a las cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, sustituyéndolas por la internación provisoria en un centro cerrado, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El Tribunal de alzada revocó parcialmente la resolución apelada y confirmó en todo lo demás la resolución impugnada por el Ministerio Público y la parte querellante.

En la sentencia se señala que el Ejército vulneró garantías constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad de trabajo y propiedad, tras ser desvinculados de la rama castrense por «necesidades institucionales”, a fines de 2015.