la “información relacionada con el número de placa patente de un vehículo perteneciente a persona natural identificada o identificable y, específicamente tratándose de los delitos de robo de que dicho vehículo hubiere sido objeto, en tanto permite ser asociado a dicha persona, constituye un dato personal de ésta»

es el propio recurrente quien no ha utilizado los caminos correspondientes para poder acceder a un trabajo como docente

que corrobora el rechazo de esta acción constitucional, el hecho de que ésta, en el presente caso, ha sido utilizada como un sustituto jurisdiccional de recursos y procedimientos tanto administrativos como judiciales que la ley ha previsto para reclamar de las multas que la autoridad del trabajo

“es un hecho público y notorio la existencia de numerosas prácticas que tienen por objeto precisamente burlar la prohibición legal”.

no es admisible para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos concebir la potestad administrativa de admisión del extranjero a cada país, únicamente desde la óptica del orden público interno y como medida de policía de seguridad. Más bien, el punto de vista correcto es complementar la discrecionalidad de orden público con un enfoque de derechos, en el examen de los requisitos de ingreso y permanencia de un extranjero en el país.

la disidencia que resulta lógico que sea la ciudadanía mediante la manifestación de la voluntad soberana la que decida libremente si el candidato impugnado es o no merecedor de la fe pública y de representarla en el Parlamento.

“al basarse en situaciones que objetivamente carecen de una gravedad y trascendencia compatible con lo disruptivo y gravoso de la expulsión del país, así como por desatender completamente la ponderación de otros antecedentes que resultan relevantes en este tipo de situaciones”.

el 25 de Julio de 1974, Juan Ernesto Ibarra Toledo, estudiante universitario, 21 años de edad, militante del MIR, fue detenido alrededor de las 15:30 horas, sin orden judicial ni administrativa alguna, por agentes de la DINA

“ciertos delitos, especialmente los de lesa humanidad, como las detenciones y desapariciones de personas, delitos que hoy día pueden ser indultados, pueden ser amnistiados, pueden ser declarados prescriptibles por los tribunales de justicia y eso obviamente es un obstáculo”.

el precepto contenido en el inciso primero del artículo 31 bis, establecido en el número 12 del artículo único del proyecto de ley remitido, en la parte que va desde el comienzo de ese inciso hasta el primer punto seguido del mismo, es orgánico y constitucional.