La Segunda Sala del tribunal de alzada estableció el actuar arbitrario de la recurrida al vulnerar el derecho de propiedad y le ordenó trasladar el módulo al lugar originalmente autorizado y emitir un pronto pronunciamiento sobre la patente municipal provisoria solicitada y cancelada por la recurrente.
La Quinta Sala del tribunal de alzada estableció que la ocupación irregular del predio no se sustenta en ningún antecedente que legitime el actuar de los recurridos y que constituye, además, una afectación directa al derecho de propiedad.
La impugnante alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que al restringirse la posibilidad de interponer un recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva, se le impide que un tribunal superior jerárquico revise la sentencia propiamente tal, en cuanto la sentencia anterior fue anulada por un vicio ocurrido en la audiencia de juicio a instancia del demandante.
No cabe examinar por la vía de protección la justificación, mérito o conveniencia de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar, lo que se traduciría en la pretensión de que la Corte sustituya a la administración en la gestión de sus recursos, señala el fallo.
La seguidilla de vicios procedimentales que ha hecho notar el recurrente respecto del sumario administrativo llevado en su contra, deben ser conocidos en la sede respectiva, no pudiendo constituirse el recurso de protección, que es un procedimiento sumario y desformalizado, en una nueva instancia donde se conozca y decida respecto de posibles yerros que recaen en el referido procedimiento administrativo disciplinario.
Enfatizó que su sentencia no aborda los méritos de la patentabilidad de las herramientas y máquinas impulsadas por IA en general, al precisar que su decisión se limita a corroborar que la palabra “inventor” significa “persona física”, en virtud de la Ley de 1977. Constató que este requisito no fue cumplido por el solicitante.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley y el debido proceso, desde que no obliga a notificar personalmente en el domicilio del contribuyente, en cuanto permite que se lleve a cabo en un inmueble que no es residencia, ni lugar de ocupación de profesión u oficio, y que en su caso es un sitio eriazo.
Lo anterior importaría otorgarle una competencia impropia, como tribunal superior, a una Sala respecto de otra de la misma Corte de Apelaciones, lo que vulnera las normas sobre competencia establecidas en el Código Orgánico de Tribunales, especialmente su artículo 66 inciso 2°.
En correspondencia con el principio de confianza y el principio de auto responsabilidad ha de tenerse en cuenta que si bien el empresario no tiene un deber de control absoluto, sí tiene el deber de prever las imprudencias no temerarias, más puede confiar en que no se produzcan imprudencias de carácter grave, en la medida que haya realizado los controles oportunos como la adopción de determinadas medidas de seguridad.
Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las interesadas de pedir la condonación o facilidades de pago, en virtud del artículo 67 de la ley N° 10.336.
