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Lista de espera en Salud: ¿Vulneración de derechos del paciente? Por Rubén Cáceres Palacios

En el caso de las listas de espera, tenemos una regulación en materia GES, Ley 19.966, en cuanto a plazos y procedimientos ante incumplimientos respectivos, pero la crítica que se realiza constantemente es que en materia de salud el tiempo es de vital importancia para el tratamiento y reacción ante una patología, y por lo cual misma lógica se esperaría por parte de los prestadores ante reclamos e incumplimiento de plazos en la aplicación de atenciones médicas.

18 de enero de 2024
En Seminario de la Cámara Minera de Chile y CAMMIN.

“Urge adecuar el modelo de prevención de delitos de las empresas al estándar de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales”.

Patricio Cartagena, Secretario General de la Cámara Minera de Chile, señaló que “creemos que es un tema de la máxima relevancia para la industria minera, la Ley se encuentra vigente para las personas naturales y en septiembre 2024 se hará plenamente exigible para las personas jurídicas (empresas) y además, por las características productivas de la industria minera, que tiene un gran número de empresas vinculadas, con un modelo de gestión que integra a éstas en los procesos del negocio”.

18 de enero de 2024
Recurso de protección acogido por Corte de Rancagua.

SUSESO actúa en forma arbitraria al rechazar licencias médicas si no considera todos los antecedentes médicos de la beneficiaría.

El no pago de licencias médicas repercute en el patrimonio de la actora el que se ve mermado al no percibir el subsidio por incapacidad laboral que le corresponde por las licencias médicas rechazadas producto de la decisión del órgano administrativo. Se ordena someter a la recurrente a un peritaje médico y luego determinar la pertinencia o impertinencia del reposo de que dan cuenta las licencias médicas.

18 de enero de 2024
Recurso de protección rechazado por Corte de Valparaíso.

Hostigamientos no se han acreditado y derechos invocados por la recurrente no son indubitados por lo que la acción no puede prosperar.

No se vislumbra el cumplimiento del presupuesto de existir derechos indubitados si la actora alega que se le reconozca la prescripción adquisitiva extraordinaria sobre parte del inmueble lo que actualmente se discute en sede judicial, por lo que no es posible que sostenga exista vulneración del derecho de propiedad pues solo tiene una mera expectativa jurídica.

18 de enero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.

Normas del Código de Procedimiento Penal y disposición transitoria de la Constitución que mantiene vigente el procedimiento penal inquisitivo, se impugnan ante el Tribunal Constitucional.

El requirente alega que las normas objetadas, en tanto permiten la coexistencia de dos sistemas procesales penales en el país, infringen la igualdad ante la ley, la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, el debido proceso, los principios de irretroactividad de la ley penal e in dubio pro reo, entre otros, desde que el procedimiento inquisitivo por el que se juzga un delito de lesa humanidad es contrario a un proceso penal, racional y justo, en cuanto no es el Ministerio Público, bajo las reglas del Código Procesal Penal el que investigó los hechos.

18 de enero de 2024
Recurso de protección acogido por la Corte Suprema.

AFP debe pagar a la hija de afiliado fallecido la totalidad de los fondos previsionales dejados por su padre a título de herencia.

La AFP justificó su decisión de no liberar los fondos en que la recurrente aún no cumple 24 años, ya que tiene 23 años y podría matricularse para estudiar lo que la convertiría en beneficiaria de una pensión de gracia. La magistratura, en cambio, estimó que dicho razonamiento es arbitrario e ilegal y ordenó pagar los fondos solicitados por constituir la herencia de la actora.

18 de enero de 2024
Recurso de protección acogido.

Municipalidad de Aysén debe reincorporar en su cargo a la encargada comunal de turismo.

La recurrente acusó que el alcalde de la comuna decidió no renovar su contrata, en circunstancias que al llevar 10 años en ejercicio continuo del mismo cargo le asistía el principio de legítima confianza, por lo que el acto del edil careció de motivación suficiente y vulneró la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad de la actora.

18 de enero de 2024
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