El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país.
El máximo Tribunal desestimó el arbitrio al no acompañar la recurrente sentencias de contraste homologables con la materia resuelta en la cuestionada.
Las requirentes alegan que se vulnera su derecho a defensa.
Las resoluciones deben referirse únicamente a lo solicitado por el administrado, sin extenderse a hechos no mencionados por él.
El Ministerio Público tiene la calidad de ente persecutor, sin que sus estrategias puedan ser develadas en favor del abogado que representa los intereses del imputado, pues esto puede frustrar una adecuada investigación.
No resulta compatible con el respeto a las exigencias de un justo y racional juzgamiento.
En la especie, esta práctica pone al reclamante en la situación contemplada en el artículo 129 bis 9 del Código de Aguas.
El requirente alega que la restricción no encuentra fundamento razonable, infringiendo sus derechos a la igualad ante la ley, debido proceso y propiedad.
En la especie, el Oficial del Ejército fue incluido en lista de retiro producto de una mala calificación anual, al no devolver el pago de zona mal calculada durante 9 años.
El Tribunal aplicó, además, a V.A.G.B. las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el tiempo de la vida del penado y a la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo legal.
