El Tribunal de alzada descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
La identificación mediante el registro de las cámaras de seguridad del recinto, fue fundamental para dar con el paradero del imputado, quien fue sorprendido en su domicilio ocultando las especies sustraídas.
El demandante no pudo acreditar que poseía el consentimiento del demandado para gravar 7,9 hectáreas en la comuna de Melipilla, en las cuales, existe un programa de reforestación respecto de especies nativas -como el quillay y la palma chilena-, autorización que es necesaria según lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Concesiones Mineras.
Dada la gravedad de los hechos denunciados y para asegurar que la indagación de las responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de los mismos cumpla con la debida celeridad y garantice la imparcialidad del instructor, la Corte de Valparaíso oficia a la CGR y al Ministerio Público.
Los clubes deportivos no informaron a la CMF de sus estados financieros en tiempo y forma.
Se cuentan desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que alega.
El requirente alega que el alcance de la jurisdicción militar, en su caso, vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial, el justo y racional procedimiento, entre otras garantías constitucionales.
Un guardia de seguridad detuvo al acusado al observar que se disponía a abrir vehículos estacionados en un mall con un control universal. Posteriormente, lo trasladó a una oficina donde el infractor le entregó el control universal y un destornillador modificado para abrir cerraduras, actuación autónoma que no infringe el debido proceso, pues no altera las funciones de los agentes policiales que arribaron unos minutos después al lugar de los hechos.
La sola omisión, de parte del sentenciador en orden a por qué optó por la declaración de los testigos, en desmedro de la declaración del encartado, no es una declaración que deba el Juez manifestarla expresamente.
Otorga certeza jurídica a los trabajadores del Sistema de Educación Pública y a los órganos encargados de interpretar administrativa y judicialmente las normas sobre derechos económicos de los asistentes de la educación.
