El ente contralor adujo que, al finalizar la evaluación de las solicitudes de los proveedores interesados en ingresar al referido registro, la Dirección de Compras y Contratación Pública debe emitir un acto administrativo que apruebe o rechace la inscripción, el que será reclamable ante el Tribunal de Contratación Pública.

Flexibilizando el acceso a financiamiento.

El máximo Tribunal estableció que la acción dirigida en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Serena, no puede prosperar debido a que se plantea contra hechos asentados por los jueces del grado.

El máximo Tribunal anuló la resolución de base y, en sentencia de reemplazo, estableció que en la especie no procede el pago de los beneficios solicitados.

Según la solicitud, las personas propuestas beneficiarias se encuentran en una situación de riesgo producto de amenazas y agresiones por la defensa de sus derechos territoriales frente a la expansión de monocultivos de palma aceitera y el tráfico de tierras en la región amazónica de Ucayali.

El magistrado mantuvo el plazo de investigación en 200 días, fijado el 20 de agosto pasado, en una primera audiencia de formalización por el delito de falsificación de instrumento privado, en la que compareció el coimputado y funcionario de la notaría.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de casación en la forma deducido por el Consejo de Defensa del Estado y confirmó con costas, la sentencia atacada, dictada por el 9° Juzgado Civil de Santiago, que estableció que la empresa Salmones Tecmar S.A. tiene la titularidad de la concesión.

El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que no hizo lugar a la reclamación de multa administrativa.

El Tribunal estableció que la sanción aplicada por la autoridad a la empresa por falta de higiene industrial se encuentra ajustada a derecho.

El Tribunal estableció que existen indicios suficientes para tener por acreditado que el trabajador fue despedido en represalia por activar la fiscalización realizada por la Inspección del Trabajo en febrero pasado.