Para que ningún niño o niña muera por negligencia médica.
El profesional fue detenido por los servicios de seguridad mientras preparaba un reportaje sobre los mercenarios de Wagner. Si bien se le acusa de realizar espionaje sobre la industria de defensa, las autoridades se han negado a dar más detalles al respecto, por lo que muchos han cuestionado la legalidad de la detención. Arriesga una pena de 20 años de cárcel.
La resolución da cuenta de la excesiva fragmentación en la institucionalidad forestal y la falta de fiscalización. En tal plano, llama a fortalecer, precisamente, lo que ya existe, para el combate de los incendios forestales.
En este orden de ideas, puedo afirmar que a partir de la sanción del Convenio OIT 190 estamos frente a un nuevo concepto de acoso y violencia laboral de fuente supralegal que viene a ampliar el concepto que hasta el presente ha sido delineado a través de aportes tanto normativos de rango inferior como esbozos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales que deberán adecuarse o reinterpretarse.
Las comisiones unidas de Defensa y Seguridad concluyeron el estudio de la iniciativa que creará la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) y que se encuentra dentro de la agenda de 31 proyectos priorizados en materia de seguridad.
Beneficio se reconoce a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, a funcionarios de la Administración y municipales. Se pueden ausentar sin descuento de remuneraciones desde que reciben la comunicación de la emergencia hasta que se supere. No podrá ser calificada como una salida intempestiva o injustificada.
Una nueva norma es más favorable para el afectado no sólo cuando suprime o disminuye directamente la punibilidad del hecho por el que se lo juzga, sino también cuando consagra eximentes de responsabilidad penal o atenuantes que lo benefician, cuando suprime agravantes que lo perjudicaban, cuando reduce los plazos de prescripción o modifica la forma de computarla de manera que resulta alcanzado por ella.
La sanción se justifica en reiterados hechos de especial gravedad como son atentados contra la integridad física y/o psíquica de otros miembros de la comunidad educativa, en particular compañeros y compañeras.
La Seremi de Educación cumple con el deber de resguardar el patrimonio fiscal al solicitar el reintegro.
Sí bien las pericias forenses no son vinculantes para el juez y la declaración de inimputabilidad comporta un juicio eminentemente jurídico, no se advierten razones valederas que, conforme las reglas de la sana crítica racional, obliguen a apartarse de las apreciaciones sentadas por las peritos forenses intervinientes.
